Quienes crecimos durante el enfrentamiento armado interno lo hicimos bajo la autocensura como regla. Existió miedo a expresar la opinión porque la certeza de los desaparecidos, presos, asesinados o exilados por el simple hecho de publicar sus pensamientos fue y lo es aún abrumadora. Los secuestros de Pedro Julio García y Álvaro Contreras Vélez por la guerrilla, por un lado, y la indiscriminada represión a cualquier voz disidente a los gobiernos militares por la otra tejieron un silencio atroz y el terror contó con una muda complicidad de sectores democráticos.

Con la elección de Vinicio Cerezo y el gobierno de la Democracia Cristiana vino la primera ola de esperanza y con ella muchos se animaron a hablar, publicar y disentir de forma pública; sin embargo, existían aún estructuras retrógradas y el caso de Myrna Mack ilustra a la perfección cómo se ejerció la represión a quien resultaba molesto al poder real. Jorge Serrano, con el Serranazo, censuró sin ningún atisbo de vergüenza a Prensa Libre, La Hora y Revista Crónica, así como a cualquier medio, para luego salir corriendo a El Salvador y vivir su exilio dorado en Panamá.

Con la firma de la paz, en el gobierno de Álvaro Arzú y del Partido de Avanzada Nacional, vino el retorno de miles de desplazados y de intelectuales, políticos y defensores de derechos humanos, las ediciones vieron la luz por montón, originándose un amplio debate editorial, pero de forma paralela el poder tuvo el deseo de acallar a medios independientes como Revista Crónica y Guatemala Flash, silenciados tras una “estrategia financiera” y boicot orquestado desde el Gobierno para retirar anunciantes.

Luego, Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco pasó a la historia, entre tantas otras cosas, con el Jueves Negro y Viernes de Luto. Aquel jueves 24 de julio de 2003 se recordará no solo por las hordas recorriendo con toda impunidad calles y avenidas, sino por la muerte del Reportero X, Héctor Fernando Ramírez, quien laboraba para Noti7 y tras ayudar al colega Juan Carlos Torres, de elPeriódico, quien había sido golpeado por las turbas, sufrió un infarto y murió.

Con Berger, Colom y Pérez Molina se registraron vaivenes, pero siempre el fantasma de la censura oficial existió sobre algunos medios hasta llegar al período de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, donde se instaura una política pública orquestada desde quienes ejercen función pública, primero para, en redes sociales, desacreditar voces críticas y democráticas, para luego comenzar una persecución selectiva y de terror en contra de periodistas comprometidos con su misión de informar.

En estos últimos seis años, Guatemala registró el mayor número de periodistas fuera del país debido a la represión oficial, y no es ningún secreto cómo desde el propio gobierno, con la complicidad de un Ministerio Público y un Organismo Judicial sin ningún respeto a límites constitucionales y compromisos internacionales, censuran y cierran elPeriódico, encarcelando a su director, Jose Rubén Zamora, para también montar procesos penales contra columnistas y redactores, junto a una silenciosa actitud del Tribunal Constitucional. El sistema de justicia existe para evitar el abuso. Sin control de poder no hay libertad. En nuestro país, en estos últimos seis años, jueces, fiscales, magistrados y oficiales se han dedicado a la persecución selectiva de periodistas ante la indiferencia del procurador de los Derechos Humanos.

Vino al país una misión de relatoría a la Libertad de Emisión del Pensamiento. Deben tener claro quienes fueron invitados a Guatemala cómo en los últimos dos gobiernos la represión con tintes judiciales fue la política de Estado para lograr y mantener una dañina y peligrosa cooptación institucional judicial cuyos efectos se sufren aún.