El coronavirus es el tema omnipresente en todos los medios, en todas las redes. Y es natural. El mundo se enfrenta a una pandemia —sin precedentes— que tiene un impacto dramático en todos los niveles. Es una emergencia sanitaria que se traduce, indefectiblemente, en una emergencia económica y social.

No habrá persona o sector que salga indemne de lo que ocurre. Sus efectos nos van a afectar a todas y todos. Pero nunca nos impactarán de la misma manera. Y no lo harán porque en sociedades desiguales como la nuestra, un sector mayoritario de la población —las personas que viven en situación de precariedad y pobreza— se llevarán siempre la peor parte. Es más, ya se la están llevando.
Primero, porque los niveles de desnutrición y mala alimentación les cobran la factura en términos de salud. Segundo, porque no tienen acceso a jabón y agua potable, determinantes a la hora de evitar un contagio. Tercero, porque las condiciones de hacinamiento en sus viviendas facilitan la propagación del virus. Y cuarto, porque viven al día, comen de lo poco que logran juntar con el trabajo que realizan, y el encierro al que nos vemos obligados les plantea el dilema entre enfermarse o comer.

Ese es el rostro de la tragedia guatemalteca, con o sin coronavirus. Lo que sucede es que hoy se expresa más dramáticamente porque la pandemia alteró nuestra “normalidad”. Una “normalidad” producto de un sistema de acumulación y privilegios que tiene a seis de cada 10 guatemaltecos viviendo en situación de pobreza y a más de la mitad de nuestros niños y niñas sufriendo de desnutrición crónica. Una “normalidad” que provoca que miles de paisanos se vean obligados a migrar porque en sus comunidades —la mayoría indígenas— la pobreza alcanza a nueve de cada 10 familias. El covid-19 explicita —con crudeza— lo que implica, en términos concretos, la desigualdad en nuestro país.

Ante la crisis, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó sus proyecciones de crecimiento para la región. Prevé una contracción de 1.8% de la actividad económica —el escenario más optimista— y un incremento del desempleo de 10 puntos porcentuales. Además señala que la incidencia de la pobreza aumentaría de 185 a 225 millones de personas, es decir, 40 millones más de pobres en el Continente. Esa es la dimensión de lo que estamos enfrentando.

Y es exactamente por eso que tienen tanta importancia las decisiones que se adoptan y los énfasis que se hacen en el abordaje de la pandemia. La clave está en la construcción de las salidas. La pregunta en este momento es si las medidas que se están adoptando van a generar más pobreza y desigualdad o, por el contrario, van a contribuir a disminuirlas.
No se cuestiona la potestad del Ejecutivo para gobernar y tampoco se niega que le está tocando enfrentar una realidad difícil. Lo que se plantea es la necesidad de construir las salidas desde la participación social y el consenso, si es que en verdad lo que se busca es la unidad nacional.

En este momento, un espacio plural de diálogo, reflexión y propuesta -en el que estén representados todos los sectores del país y no solamente uno, como ha sido la costumbre— parece ser el mejor camino en la búsqueda de las estrategias para atajar y disminuir los impactos de la crisis en todas sus dimensiones.

En primer lugar, hay que escuchar a la comunidad científica, que indudablemente puede aportar a aplanar la curva del contagio. Y a partir de ahí construir desde una lógica de Estado —y desde una perspectiva de solidaridad— las respuestas a los enormes desafíos que están planteados, tomando en cuenta que “los más infelices deberían ser los más privilegiados”.