El Congreso: ardua lucha por abusos incalificables
Los diputados luchan por ganarse a diario la crítica de la ciudadanía, representada en la prensa independiente.
El centro de pillaje, hurto, corrupción y rapiña conocido en Guatemala como Congreso de la República, y para colmo uno de los tres poderes del Estado, lucha sin descanso para afianzar el rechazo ciudadano. Ser diputado, sin excepción de ninguno de los dizque partidos, es un baldón, o sea una ignominia, una afrenta y una deshonra. Es necesario explicarlo con el fin de permitirles a sus integrantes conocer esos términos y talvez de esa forma entender por qué son calificativos merecidos… Tiene “reuniones de jefes de bloque” y en algunos casos han tenido sólo un diputado. Sugieren con el mayor descaro del mundo temas incalificables y todos los apoyan abierta o solapadamente.
Los diputados luchan por ganarse a diario la crítica de la ciudadanía, representada en la prensa independiente.
Entre las últimas ideas, han sugerido reducir o eliminar el control del Tribunal Supremo Electoral, imposibilitado de suprimirlos; aumentar de dos a tres dólares el dinero recibido por cada voto; quedar fuera de la fiscalización de las superintendencias de Bancos, de Administración Tributaria y de Comunicaciones y también la Contraloría General de Cuentas. A causa de la forma como están ahora las cortes Suprema de Justicia y la de Constitucionalidad, casi puede darse por descontado la incorporación de semejante bodrio, término sinónimo de algo mal hecho, desordenado o de mal gusto, pero además en este caso con la peor de las intenciones. Como se ha vuelto de nefasta moda, miden el dinero del Estado en unidades de millones de quetzales. Jolgorio, relajo.
A los burócratas de alto nivel y sobre todo electos, se les eriza la piel de la rabia cuando en la prensa independiente se hacen estos señalamientos. Lo aceptan, con sonrisa fingida, pero andan buscando cualquier oportunidad para callar la expresión pública. Se escudan en las publicaciones cobardes y anónimas de las redes sociales, aunque digan verdades. Les encanta insultar, emplear lenguaje soez, bajo, grosero e indigno y por eso ellos y algunos lectores o receptores de este tipo de mensajes creen tontamente tener más fuerza en sus argumentos, cuando es todo lo contrario. Usar lenguaje duro, áspero pero real, no es un insulto, porque este es ofensivo y vulgar. Eso sí: puede provocar enojo. No hay limitación a las críticas dirigidas a los funcionarios públicos electos.
Los constituyentes en 1966, no excluyeron los insultos, pues en ese tiempo no cualquiera podía escribirlos o divulgarlos por radio o TV. Ahora la tecnología se volvió enemiga de la libre expresión, sobre todo entre los politiqueros. Este tipo de personajes, si tienen la oportunidad de hacer cambios constitucionales, entre los cambios —negativos, claro— sin duda estaría reducir el alcance o eliminar la constitucionalidad de la Ley de Emisión del Pensamiento. Hace tres días, al respecto, la cadena ABC llegó a un acuerdo para pagar US$15 millones a Trump y un millón a sus abogados cuyo argumento consistió en negar la “violación” a una mujer y aceptar el término “agresión”. Esto abre la puerta a recurrir en otros países a indemnizaciones para la quiebra de los medios.
Quienes se autocalifican de libertarios, por eso comparten el criterio de considerar a la vigilancia constante como el precio a pagar por la libertad. Por eso en teoría deberían cerrar filas con la libertad de expresión, no sólo si coincide con su pensamiento. Y también deben apoyar tanto en teoría sino también en la práctica la defensa de un básico derecho humano. Esta corriente de pensamiento necesita manifestarse cuando en el Congreso ocurre lo expuesto en este artículo. Un grupo de ciudadanos llegados a las curules gracias a un sistema de elección por planilla, y una proliferación de partidos a-ideológicos, desordenados, con dueño, y demás, es un motivo para sospechar con buena base los riesgos implícitos para la libertad en cualquiera de sus manifestaciones.
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