Una de las señales más evidentes de nuestra incapacidad para desarrollarnos como país es el estado de la infraestructura vial nacional. Se trata de un coro de insatisfacción que se remonta a tiempos atrás, no por falta de recursos para su desarrollo, sino debido a un monopolio perverso y sistémico que impide, limita y coarta toda iniciativa de desarrollo fuera del sistema estatal.

Tenemos uno de los promedios de velocidad de transporte más bajos de Latinoamérica: la última medición fue de 13 kilómetros por hora.

Pero de todas las carreteras, la que más afecta la economía —elevando el costo de los productos que transporta— y la que más repercute en los usuarios es la carretera al Atlántico. Esta arteria, de crítica importancia estratégica, está colapsada debido a los constantes accidentes que, por mera probabilidad en términos de densidad de circulación, suceden casi a diario. El resultado es que, siendo una carretera de dos carriles totalmente insuficiente para la demanda de circulación, colapsa constantemente.

El promedio de duración del viaje de Guatemala a Puerto Barrios es de no menos de siete horas. Y cuando ocurren accidentes —que son diarios—, las colas pueden alcanzar los 25 kilómetros, como le sucedió a quien escribe esta columna la semana pasada.
Además, la ausencia o la escasa supervisión de las autoridades para controlar el tráfico, especialmente el de transporte pesado, crea la tormenta perfecta. Abundan los accidentes por excesos de velocidad, pilotos inexpertos e irresponsables. Cuando ocurre un accidente, la lenta y casi ausente reacción de las autoridades para restaurar el tráfico agrava la situación. El accidente de la semana pasada sucedió a medianoche, y las autoridades se presentaron 12 horas después. En pocas horas se formó un carril de conductores abusivos que no querían esperar en la cola, lo que terminó por crear un caos completo.

En vano fue aprobada la Ley de Alianzas Público-Privadas, que permite realizar grandes inversiones otorgando concesiones de carreteras a inversionistas privados en modalidades de largo plazo. El costo para el Estado es nulo y los beneficios para el país, enormes.

Ojalá que los cuatro carriles de la carretera financiada por el gobierno de Taiwán, que termina en El Rancho, se hubiese podido continuar como era el plan original. Pero la obra tardó la increíble cantidad de 17 años. Esto se debió a los cambios y retrasos en la construcción, causados principalmente por problemas relacionados con los derechos de vía. Estos derechos, referentes a la propiedad del terreno por donde pasa la carretera, fueron un obstáculo significativo para la expansión de la ruta. Un aspecto crucial del retraso fue la oposición de comerciantes y residentes locales, especialmente en el área de El Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Progreso, quienes se han establecido a lo largo de la carretera y, hasta el día de hoy, no están de acuerdo con el proyecto, debido a las posibles pérdidas económicas y la necesidad de derribar construcciones. Esto ha llevado a conflictos legales y negociaciones prolongadas con los propietarios de los terrenos. En algunos casos, las propiedades han invadido los derechos de vía, y las autoridades municipales históricamente han otorgado permisos de construcción en estas áreas, complicando aún más la situación.

Es inaudito que unas pocas personas, sumadas a la ineptitud de las autoridades de varias administraciones para solucionar y sortear estos problemas de importancia nacional, nos tengan en esta situación:

Colapsados…