Finalmente llegamos a la esperada fecha del Bicentenario de la Independencia, cuando Guatemala debió cumplir los buenos propósitos que esa importante fecha ofrecía, planteados ante la Conferencia General de Unesco, en el lejano octubre de 2009.

En aquella oportunidad, los representantes de Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela, pidieron apoyar la celebración de bicentenario, a 11 años vista. Reafirmaron su compromiso para promover el diálogo, la paz, la diversidad cultural, la salvaguarda de su patrimonio cultural material e inmaterial, las lenguas autóctonas, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la democracia participativa y el respeto a los derechos humanos.

Guatemala planeó hacer un análisis del Estado, forjado 200 años atrás, que aún no se consolida como institución rectora de la Nación. Que el tema de la independencia trascendiera los conceptos obsoletos de símbolos patrios, asignaturas escolares y formación cívica que no han creado ciudadanos libres conscientes de sus deberes y derechos. Invitó a releer la historia para conocer cómo se transformó el mundo en ese lapso; a reflexionar sobre las lecciones aprendidas que permitieran mejorar el presente y sentar las bases para construir una nueva Guatemala próspera y equitativa.

En otras palabras, el Estado desaprovechó la oportunidad para diseñar una ruta que sacara al país del anquilosado siglo XIX en que se mantiene, teniendo a disposición la vasta información procurada por los académicos que ofrece, con amplitud y sustento, la clara lectura de la historia con la que se pudieron sentar las bases de la Guatemala del Siglo XXI. Nada de eso no hizo.

Más allá de propiciar cambios tendentes a arrancar el enraizado colonialismo, fueron promovidos actos que no indujeron a reflexionar sobre la República creada y menos aún, a imaginar el país deseado, sin siquiera satisfacer necesidades básicas de educación, salud, trabajo, vivienda; y menos aún, a solventar inveterados problemas como la desnutrición infantil, muerte materna, inseguridad y violencia que la Constitución Política enuncia como postulados.

En cambio, se optó por proyectos intrascendentes, aunque costosos, como el Monumento al Bicentenario de la Independencia en la ciudad de Guatemala, que no responde a lo que debió significar la emblemática fecha. El término monumento es de origen latino: monumentum, del que el sufijo mentum hace referencia a mente, memoria, recuerdo; por lo que un monumento es un medio para recordar algún hecho o persona relevantes en la historia de un pueblo.

Reconstruir mediante copia o interpretación un edificio destruido por los terremotos de 1917-18 y terminado de demoler por el Estado en las vísperas del centenario (1921) atenta en contra de la integridad del centro histórico, la imagen urbana y el paisaje arquitectónico.

El Real Palacio, Palacio de los Capitanes Generales o de la Real Audiencia, su nombre lo indica, fue sede de la Capitanía General del Reino de Guatemala, asiento del representante del Rey. Levantarlo de nuevo, independientemente de cómo que se haga, implica necesariamente restablecer un símbolo del opresor, del que los peninsulares radicados aquí decidieron separarse. El remedo, como monumento conmemorativo, luce más como una loa al reino español. Es la antítesis de lo que el acto independentista debió representar.

Hoy, después de dos siglos de aquel importante acontecimiento, que de todos modos no aportó beneficios al pueblo, que dicho sea de paso, tampoco participó de aquella decisión, pues se consideró que hubiera sido peligroso y de consecuencias impredecibles que fuera el pueblo quien la propiciara, el Monumento al Bicentenario de la Independencia no se justifica desde ningún punto de vista.