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El aeropuerto es codiciado feudo estatal
Sus problemas se vienen arrastrando desde hace años.
El tema del Aeropuerto La Aurora ha sido objeto de dimes y diretes en pasadas semanas; sus problemas se vienen arrastrando desde hace años. Inicialmente el presidente Arévalo anunció que se adoptaría un modelo de alianza público-privada (APP) para hacer las inversiones necesarias y asegurar las operaciones del aeropuerto. Este anuncio causó diferente tipo de reacciones y en días recientes el presidente ha retrocedido un poco, aclarando que no se pretende una privatización o concesión, sino alguna fórmula de capital mixto y, en todo caso, es algo que tomará varios años.
Es al menos debatible si es conveniente que sea un servicio público.
Un bien público es aquel que carece de exclusión o rivalidad; el uso que una persona haga de él no excluye el acceso ni reduce su disponibilidad para otros. Es común la confusión de un bien público con un servicio público; un bien o servicio disponible para todos, típicamente administrado por el gobierno, pagado colectivamente a través de impuestos. El servicio público opera bajo la ficción de que todos pagan y todos se benefician.
El Aeropuerto La Aurora no es un bien público. Es al menos debatible si es conveniente que sea un servicio público administrado por el gobierno y financiado con deuda e impuestos.
Diversas fuentes de información señalan que el aeropuerto requiere una inversión de Q200 millones, otras dicen Q800 millones y hasta US$800 millones. El martes pasado, la Agencia Guatemalteca de Noticias, órgano oficial de la Presidencia, publicó una entrevista con el presidente en la que “aclaró” su posición sobre el tema. “Detalló que solo la etapa de expansión del Aeropuerto Internacional La Aurora cuesta entre US$500 millones y US$800 millones”. En la entrevista se refiere a dos etapas: la primera “será recuperar el aeropuerto y contratar una empresa internacional especializada en aeropuertos para que lo administre”; la segunda espera que genere “fondos necesarios para pagar un préstamo que se pueda obtener para pensar en la expansión, en un plazo de tres o cuatro años”.
El gobierno tiene demasiados compromisos y obligaciones como para dedicarse a la administración de aeropuertos y puertos. Además, requieren grandes inversiones financiadas con deuda que se hacen a expensas de otras necesidades más alineadas con las funciones propias de gobierno. El Aeropuerto La Aurora ha sido un codiciado feudo del aparato de gobierno, no se diga los puertos: focos de corrupción y centros de poder de organizaciones sindicales.
Puertos y aeropuertos son anclas esenciales para agilizar la producción, comercio y desarrollo, y es vital que operen a altos niveles de capacidad, tecnología y productividad. Son actividades productivas que deben ser capaces de sobresalir en competitividad, atraer inversiones de capital de largo plazo y generar los flujos de fondos necesarios para operar con efectividad, efectuar mantenimiento y reinvertir constantemente.
Guatemala tiene una posición envidiable y sería un país diferente si contara con puertos con capacidad y tecnología de punta en el Pacífico y el Atlántico, y una superautopista que los comunicara directamente. Puertos, aeropuertos y autopistas no tienen por qué ser servicios públicos costeados con impuestos; lo que debe primar es obtener el mejor resultado. La propuesta del presidente de contratar a una empresa especializada para manejar el aeropuerto es sensata. Mejor aún sería tomar acción para invitar a la inversión privada a arriesgar su capital en urgentes necesidades de infraestructura que tiene el país, en lugar de esperar que se endeude el gobierno para realizarlas en un futuro distante e improbable.
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