MIRAMUNDO

El 2023, lecciones y esperanzas

|

Todo el 2023 estuvo marcado por la dinámica electoral, por una ocurrencia nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos fue reformada para convocar al proceso electoral en enero, realizar una primera ronda de elecciones en junio, la segunda vuelta en agosto y hasta el 14 y 15 de enero de 2024 las autoridades electas toman posesión, inexplicable pero así están las normas.

' El proceso electoral 2023 debe estudiarse con cuidado.

Alejandro Balsells Conde

Al estudiar Derecho Electoral, existen dos cuestiones fundamentales para entender un poco la dinámica de este convulso 2023, la primera, que todo lo electoral descansa en la desconfianza, por eso esta desconfianza debe administrarse: el voto es secreto, existe una descentralización de Juntas Electorales, lo ideal es que los miembros de mesa no se conozcan, existen fiscales de los partidos políticos, el escrutinio es público y el Tribunal Electoral debe demostrar capacidad técnica pero sobre todo, imparcialidad; y el segundo punto es más complejo, porque en el proceso electoral, desde el inicio hasta su finalización, se pone a prueba toda la institucionalidad del Estado y además buena parte descansa sobre los hombros de quienes son las autoridades electorales centrales para lograr lo más difícil: confianza en el sistema.

Los guatemaltecos debemos siempre recordar cómo Arturo Herbruger Asturias, Manuel Ruano Mejía, Fernando Bonilla, Luis Felipe Sáenz Juárez, Mario Roberto Guerra Roldán, Hugo Maul Figueroa, Gabriel Medrano Valenzuela, Félix Castillo Milla, César Augusto Conde Rada, Angel Alfredo Figueroa, Gil González, Mario Montano Paz, John Schawnk Durán, Luis Arturo Archila, entre tantos otros nombres, pudieron darle al Tribunal Supremo Electoral márgenes de confianza frente a procesos políticos convulsos, difíciles y algunos de ellos hasta dentro del enfrentamiento armado.

El proceso electoral 2023 debe estudiarse con cuidado. Es innegable cómo por parte del Tribunal Electoral privó la descalificación caprichosa para la participación de Jordán Rodas, Roberto Arzú y cómo una Sala de lo Contencioso Administrativo sacó de la contienda a Carlos Pineda (lo cual es jurídicamente inexplicable) a pesar de estar inscrito, pero lo más preocupante fue cómo la Justicia Constitucional confirmó la eliminación de estos personajes, aunque acá solo me refiero a candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, porque para diputaciones el asunto es más variopinto.

El derecho a elegir y ser electo no puede quedar sujeto a interpretaciones antojadizas y en algunos casos hasta fundamentadas en reglamentos, por eso las decisiones de hace 4 años de eliminar de la carrera electoral a Edwin Escobar, Thelma Aldana, Zury Ríos y Mauricio Radford pesaron en el 2023, porque de nuevo la justicia constitucional debió haber tutelado un principio fundamental de la democracia y no dio la talla.

El proceso de inscripciones de candidatura tuvo tacha, la elección se realizó, y resultado es incuestionable y reconocido, tanto dentro como fuera de las fronteras, pero de nuevo el Organismo Judicial por medio de la procuración arbitraria, antitécnica y sobre todo absolutamente rupestre del Ministerio Público pretendieron invadir esferas electorales, motivados como todos lo sabemos, porque el candidato oficial Manuel Conde no logró lo pretendido.

Sostener desde la óptica constitucional cómo un juez de lo penal puede suspender la personalidad jurídica de un partido políticos es imposible, sin embargo, esto ocurre con Movimiento Semilla y de forma inexplicable la Corte de Constitucionalidad no suspende sus efectos, veremos si se logra la efectiva tutela para el 2024.

Nuestro país siempre fue reconocido por contar con una “democracia electoral”, el gobierno de Alejandro Giammattei y su voraz cooptación le propinó un duro golpe a la institucionalidad republicana pero el movimiento encabezado por los Pueblos Indígenas y secundado en todo el país nos demuestra cómo la Constitución y los principios democráticos se defienden desde cualquier tribuna, antes contra los militares y ahora contra abogados alquilados para sicariato judicial, lo cual es la mayor esperanza para un pueblo cuyo principal anhelo es paz.

ESCRITO POR:

Alejandro Balsells Conde

Abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar y catedrático de Derecho Constitucional en dicha casa de estudios. Ha sido consultor de entidades nacionales e internacionales, y ejerce el derecho.