¿Puede haber coexistencia pacífica entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general, Consuelo Porras, luego de que esta impulsara un intento de golpe de Estado en su contra y cuyas secuelas aún azotan al partido de gobierno? La respuesta tendría que ser negativa si de verdad la nueva administración gubernamental estuviera en la línea de cumplir su promesa de combate a la corrupción. Sin embargo, la reunión que sostuvo el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, con la jefa del Ministerio Público deja más dudas que certezas sobre el particular. Las fotografías e informaciones publicadas en los medios periodísticos y en las redes sociales muestran a los dos funcionarios sonrientes y con el objetivo de trabajar en forma conjunta en los próximos dos años. El Diario de Centro América, periódico oficial, entrevista a un analista que subraya la necesidad de armonizar los esfuerzos entre ambas instituciones.

Si nos atenemos al lenguaje visual que transmiten las imágenes entendemos que Consuelo Porras metió gol porque logró comunicar el mensaje que quería. Primero se negó a reunirse con el presidente y lo ninguneó en un video publicado en redes sociales. Luego llegó a la Casa Presidencial, salió precipitadamente 10 minutos después y en la puerta leyó un comunicado, que ya llevaba escrito, en el que desairaba por segunda vez al mandatario. Acto seguido, la fiscal invitó a Arévalo a sus oficinas en Gerona, este envió a su ministro de Gobernación, quien estuvo de apapachos y sonrisas con la señora. ¿Será que los más de cien días que los miembros de los 48 cantones estuvieron frente al edificio del Ministerio Público para exigir la renuncia de Porras se pueden tirar a la basura? ¿Dónde quedó el compromiso electoral de lograr la salida de quien ha encubierto las acciones de la cleptocracia y que ha sido tachada de corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Se puede trabajar con ella?

Sobre Porras no quedan dudas. La jefa del MP se ha erigido como protectora de los políticos de la anterior alianza oficialista, encabezada por Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez. Aunque Ángel Pineda, secretario general del MP, le dijo al director del diario La Hora, Pedro Pablo Marroquín, que existen investigaciones contra el exmandatario, a la fecha no se sabe nada de esos supuestos casos. Al contrario, Porras ha desplegado una despiadada persecución política contra el partido Semilla y sus integrantes. Aunque no logró evitar la toma de posesión de Arévalo, ella ha tenido éxito al impedir que Semilla sea una bancada en el Legislativo. El sociólogo Gustavo Berganza sintetiza esta situación de la siguiente manera: “Por jugar by the book (seguir las reglas) perdieron 1. La junta directiva del Congreso y la posibilidad de presidir comisiones legislativas. 2. La franquicia como partido y 3. La fiscal los ha sometido en su campo, haciéndoles aceptar su inamovilidad”.

Está bien que Semilla no caiga en los juegos de la corrupción de la vieja política, pero eso no implica que sus dirigentes tengan una actitud principista e ingenua. Consuelo Porras tira a matar y eso debe quedar bien claro. Por supuesto, con la complicidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta semana se conocieron los actos de corrupción en el Instituto de la Víctima, que ameritan una investigación penal de fondo. ¿Porras lo va a hacer, sabiendo que ha protegido a la exdiputada Alejandra Carrillo, que estuvo al frente de esa institución? ¿Será que va a investigar a quienes están detrás de la corrupción en el Instituto de Previsión Militar? ¿Va a investigar los casos que involucran a sus amigos Giammattei y Martínez? No, definitivamente no lo va a hacer y eso es una pesada carga para el ofrecimiento de Arévalo de luchar contra la corrupción.