Históricamente el Congreso de la República ha sido una institución cuestionada, sobre todo por el carácter político al ejercer sus funciones. La actual legislatura rebasa los desaciertos en la actividad de promulgación de leyes. Debido a presiones de varios sectores y de la opinión pública, el Congreso ha tenido que retroceder en seis leyes priorizadas en su agenda. Entre las más recientes tenemos la iniciativa para el fortalecimiento de las fuerzas de la seguridad y la ley contra la ciberdelincuencia. En camino están dos leyes a las que se les avizora el mismo futuro: Los cambios a la Ley Electoral y la ley que sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) las instituciones de Competencia Ambiental.

Esta última propuesta de ley en realidad es un paquete de iniciativas que incluyen la 6054, la 6055 y la 6021 orientadas a tomar el control de las instituciones ambientales; la idea es concentrar la administración y toma de decisiones en materia ambiental de las siguientes instituciones: a) Oficina de Áreas de Reservas del Estado (Ocret); b) el Instituto Nacional de Bosques (Inab), el cual ya quedó fuera de la iniciativa; c) el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y d) las cuatro autoridades de los lagos más importantes del país: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae), la Autoridad del Lago de Amatitlán (Amsa), Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Izabal, el río Dulce y su Cuenca (Amasurli) y la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá (Ampi). Esto crearía un Súper Ministerio de Ambiente, con atribuciones administrativas y de concentración de recursos que podrían llegar a ser hasta de Q900 millones, con poder para tomar decisiones en el manejo ambiental.

El clamor por la no aprobación de estas iniciativas de instituciones con algún tipo de relación con el ambiente es generalizado ya que carecen del carácter legal, científico, técnico y ético, he leído varios pronunciamientos, entre los más recientes el del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que pide que las entidades ambientales del Estado no sean suprimidas, sino más bien fortalecidas como entidades autónomas de servicio, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios e independientes. El de la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema), pidiendo el fortalecimiento de la descentralización y el sistema horizontal de gobernabilidad. El del Consejo Superior Universitario de la Usac indica su rechazo porque las iniciativas no tienen estudios serios que las respalden, y que violan convenios internacionales. Las cinco parcialidades más antiguas de Totonicapán han manifestado también su rechazo pidiendo dar marcha atrás, amenazando con acciones de hecho de continuar con el impulso de estas iniciativas.

Estas iniciativas son respaldadas por diputados que han mostrado en el pasado intereses espurios en los temas ambientales y agrícolas, y también con conflictos de interés, por el parentesco de uno de ellos con el actual titular del MARN, un ministerio ineficiente; basta ver los resultados desde su formación. La concentración de recursos en un año preelectoral levanta muchas sospechas y las repercusiones pueden ser nefastas para la biodiversidad del país. El mayor de los peligros es que el gobierno en turno podrá decidir el uso y destino de los recursos naturales del país, pudiéndolos negociar al mejor postor. Y a como hemos visto el desempeño de los últimos gobiernos, que van de mal en peor, este podría ser un espacio ideal para el saqueo de la principal riqueza del país: la natural, y apetecible para la corrupción que campea en todas las esferas del gobierno presente y del futuro, pues los de siempre han asegurado la continuidad de la misma. Si aún les queda un poquito de amor por este país, señores diputados, la aprobacion de estas leyes debe detenerse.