Reflexiones sobre el deber ser
Diputados deben elegir magistrados correctos
Debemos dejar atrás la noche oscura de la impunidad.
El Congreso, integrado por 160 diputados, es, conforme a la Constitución, el órgano estatal que deberá elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA) de las nóminas de candidatos que elaboraron las respectivas comisiones de postulación, para que cumplan un período de funciones de 5 años improrrogables, comprendidos del 13 de octubre de 2024 al 13 de octubre de 2029.
Debemos dejar atrás la noche oscura de la impunidad.
De suerte que el Congreso, además de las funciones legislativa (aprobación de leyes y decretos legislativos) y fiscalizadora de la gestión pública, tiene a su cargo, por mandato constitucional o legal, la designación de varios funcionarios públicos del más alto nivel, como los magistrados del Organismo Judicial (OJ) y del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, miembros de la Junta Monetaria, el contralor de Cuentas y el procurador de los DD.HH., entre otros.
Consta a la opinión pública que, habiéndose agotado los respectivos procesos postuladores, por cierto, tortuosos y accidentados, las postuladoras elaboraron las nóminas de candidatos a magistrados del OJ, sin que las mismas fueran el resultado de una evaluación meritocrática rigurosa de los aspirantes, incluyendo lo relativo a la determinación del mérito de la reconocida honorabilidad, lo cual, indudablemente, será motivo de serios cuestionamientos y objeciones que deberán desahogarse en su oportunidad.
El clamor popular por la depuración del Poder Judicial demanda que, por lo menos, el Legislativo designe como magistrados del OJ a juristas competentes y decentes, y no a individuos incapaces, inidóneos, con vinculaciones políticas e intereses creados, y cuya honorabilidad haya sido puesta en tela de juicio, a la luz de actos objetivamente comprobados o demostrables.
Sostengo que la justicia oficial es la columna vertebral del estado de Derecho, así como que debe ser una madura expresión del ejercicio de la soberanía popular; y, por ende, es urgente que se devuelva la credibilidad y confianza ciudadanas en las Cortes, lo que redundará en que la comunidad internacional tenga la absoluta certeza de que en Guatemala la resolución pacífica de los conflictos o disputas sea correcta y eficaz.
Al efecto, resulta fundamental que los juzgadores (magistrados, jueces y árbitros) sean conocedores, respetuosos y cumplidores de la Constitución y las leyes nacionales, al igual que del Derecho Internacional Público, que conlleva el Derecho de los Tratados y de las relaciones internacionales, el Derecho Internacional de los DDHH, el Derecho Penal Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho a la Democracia y el Derecho Internacional Privado.
Por lo tanto, pesa sobre los diputados la enorme responsabilidad de elegir a los mejores juristas entre los candidatos a magistrados del OJ propuestos, a fin de que pueda iniciarse la renovación institucional por la justicia, lo que nos permitirá dejar atrás la noche oscura de la injusticia, la corrupción, la impunidad, la conculcación de los derechos humanos, la apelación al derecho penal del enemigo y los atajos y fraudes a la Constitución y la ley.
En todo caso, cabe recordar que, en las elecciones presidenciales celebradas en 2024, reconocidas como legítimas, el voto ciudadano mayoritario se decantó por las fórmulas que prometieron la erradicación de la corrupción y la impunidad. Este mandato popular irrefutable, además de acatarse en toda su dimensión, debe inspirar e informar el manejo de la cosa pública, el quehacer político y la promoción social.
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