Aunque muchos guatemaltecos viven todavía en negación, y piensan que el mal autoritario no se ha enseñoreado todavía del todo de nuestro país, en realidad, son entre 7 y 9 años (si consideramos desde cuando no se elige Corte Suprema de Justicia) los que llevamos en un proceso que progresivamente se desnuda más y más de su ropaje pseudo democrático y se consolida como una dictadura. En aras de las formas, han procurado cambiar el principal rostro visible cada cuatro años, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha pasado en Nicaragua; pero eso fue hasta ahora que les salió mal la jugada electoral y no ganó su candidato.

Además, ante tanta maniobra obvia y desfachatada que hubo ahora, eliminando candidatos antes de la mera contienda, el pueblo le apostó a un cambio de rumbo con su voto. Todo el problema que vivimos es por eso; porque a pesar de controlar todos los poderes del Estado, no toleran que una sola pieza del engranaje -la presidencia- no vaya a responder a sus designios. Por eso se arman todo este drama político judicial y con ello, le quitaron al pueblo lo poco que le iba quedando: su posibilidad de darse la oportunidad, una vez cada cuatro años, de “elegir”.

En Nicaragua, nada fue de romplón tampoco. Ortega está en el poder desde 2007 y el orteguismo se ha ido consolidando como dictadura con los años; es la diferencia con las dictaduras de antes. Hacen elecciones y a la par van eliminando derechos y garantías hasta llegar a los extremos que ha llegado ahora. Ya son 16 años. Acá en Guatemala en el lapso de 7 años, con el maquillaje pseudo democrático aún puesto, han venido destrozado poco a poco el Pacto Social de 1985, e instalan uno nuevo, el Pacto De Corruptos, -que no es solo un apodo- reconfigurando el Estado y su poder para su absoluto beneficio e impunidad. En esa progresión a la dictadura explícita, la fachada democrática cada vez es menos útil; más bien, con sus últimas actuaciones ya quemaron lo poco que quedaba.

Valga recordar que la democracia no es solo hacer el proceso electoral, aunque allí inicie el asunto. La democracia nos importa por los derechos y libertades que nos confiere a todos y cada uno. Esa parte de la democracia es la que más se ha cercenado en toda la región: pérdida de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y hasta ambientales. Pero ahora, van hasta por el propio proceso electoral, por los resultados electorales y contra quienes fueron electos.

Ahora van también en contra la población y el ejercicio pacífico de manifestar su descontento; de su derecho a defender la democracia sin el uso de la violencia. Y, en ese proceso, han contrapuesto y antepuesto todo contra el derecho a la vida de los manifestantes. Ha muerto ya un ciudadano, han herido a varios más, han atacado a la población con gases lacrimógenos, amenazados, atropellados por gente que se siente envalentonada por un Estado que solo defiende privilegios. A la par grupos infiltrados y grupos paraestatales violentos actúan contra la gente, mientras el Estado se hace el tonto. Más bien, orilla a renunciar al ministro de gobernación que se ha resistido a usar la violencia contra las personas manifestantes pacíficas, para posicionarse tácitamente para que grupos paralelos hagan el trabajo sucio de ejercer la violencia en contra de una población que manifiesta pacíficamente su inconformidad.

No se olvide que sí se usaron primero todas las vías institucionales para exigir el respeto al proceso electoral, a los resultados y a las personas electas. Las manifestaciones detonan ante la sordera y el desprecio estatal. El presidente podría desactivar la crisis pacíficamente, pero no quiere. Eso es parte del problema.