El Congreso de la República aprobó el decreto 13-2020, del viernes 3 de abril 2020, para disponer de Q11 mil millones para atenuar los efectos económicos derivados del covid-19 (coronavirus).

Dicho decreto dispone la emisión de bonos, para lo cual reitero mi sugerencia de que se emitan en quetzales, a tasa de interés cero, no reembolsables, de tal manera que esos bonos no aumenten la deuda pública de Guatemala. Dicho de otra manera, no hay intereses y es equivalente a una donación, que es lo que significa en las instituciones bancarias internacionales la palabra no reembolsable. Para eso sirven las Reservas Monetarias Internacionales, como las joyas de la abuelita.

Las medidas que se han ido adoptando para combatir la pandemia actual han sido muy rápidas y cuesta entenderlas y seguirlas. Es el caso del coronabono chapín, que empezó de una manera y terminó de otra. Son tres macrodestinos.

El primero de ellos, el Fondo Bono Familia, por Q6 mil millones, consiste en aportes por familia de mil quetzales durante tres meses. La genialidad de esta medida es que, para entregar esos recursos, se utilizará el documento personal de identificación (DPI), cuyo número servirá para digitalizar la operación en los cajeros automáticos y recibir el dinero. Es una bancarización masiva, de tal forma que muchas personas que no tienen cuentas bancarias ahora empezarán a manejarlas digitalmente.

El mecanismo es simple. Se presenta el DPI, se verifica si califica para la operación, y se le deposita el dinero instantáneamente. Con el DPI también podrá ir a ciertos establecimientos para efectuar sus compras, sin necesidad de utilizar efectivo. Se exceptúan las personas que consumen más de 200 kWh por mes, para lo cual se utilizarán los registros de las empresas distribuidoras de electricidad. También se exceptúan los pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de otros fondos de pensiones.

El segundo macrodestino, el Fondo para la Protección del Empleo, originalmente se consideró darle Q2 mil millones al IGSS para que lo asignara a 300 mil hogares que quedaran sin empleo, a fin de cubrir dos terceras partes de su sueldo durante tres meses. Sin embargo, hubo cortocircuito entre las relaciones IGSS-gobierno central. El IGSS pensó que el Organismo Ejecutivo quería que ese financiamiento se diera con sus reservas técnicas, y que era una especie de atraco a su caja. El gobierno central, por lo visto, tenía urgencia de resolver. Sin embargo, por las objeciones del IGSS, abandonó la idea y dispuso que ese fondo lo administre el Crédito Hipotecario Nacional, banco estatal que en 2020 cumple 90 años de funcionamiento, otorgando a los beneficiarios Q75 por día, hasta donde alcancen los fondos. Excluye a los empleados estatales.

Era preferible hacer la operación a través del IGSS, porque tiene la infraestructura, el personal técnico, probidad, y la información rápida de quienes se queden desempleados.

El tercer macrodestino es el fondo de crédito para capital de trabajo, por Q3 mil millones, que administrará el Crédito Hipotecario Nacional únicamente, pudiendo otorgar créditos por 250 mil por persona individual o jurídica.

Los créditos se podrán otorgar también a los centros educativos privados y universidades privadas, para cubrir los honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de servicios, hasta por seis meses de cobertura, a la tasa de interés promedio de la tasa pasiva del sistema bancario.

Adicionalmente, con otra fuente de financiamiento habrá créditos para comerciantes, profesionales, empresa, cooperativas y mipymes.

En los tres macrodestinos se requerirá conocer el Reglamento de la Ley.