La semana pasada me refería en este mismo espacio al patrón común que estamos observando en los casos de criminalización en contra de operadores de justicia (jueces, investigadores y fiscales), abogados que trabajaron en la Cicig, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ese análisis quiero agregar un elemento sustancial: la estrategia de desinformación y hostigamiento digital que acompaña de forma sostenida el actuar de la fiscalía y las cortes.

Por supuesto que no es un elemento novedoso, las campañas de desinformación se han utilizado en nuestro país desde hace años en los procesos penales en contra de líderes comunitarios y de organizaciones campesinas que defienden el acceso a la tierra y los recursos naturales frente a terratenientes, empresas mineras o de megaproyectos. Lo que sucede es que actualmente, con el auge de las redes sociales, su uso e impacto se acrecentaron.

Cuando hablamos de desinformación nos referimos a contenidos falsos o engañosos que circulan por diferentes medios y, en especial, por las redes sociales (definición de la organización Chequeado de Argentina). Aunque hay diferentes tipos de desinformación, en los casos de criminalización que se están dando en Guatemala advertimos: 1) la difusión de información falsa o sacada de contexto; 2) la tergiversación de hechos para cambiarles el sentido; y 3) la propagación de textos, videos o fotografías en las que se explotan los prejuicios que abundan en una sociedad como la nuestra.

Tomando en cuenta lo complicado que resulta comprender procesos y términos legales, los estrategas de la desinformación elaboran y difunden masivamente mensajes falsos en contra de las personas que están siendo acusadas en procesos penales sin sustento. A estas alturas está claro que hay grupos dedicados a crear contenidos para confundir y distorsionar la realidad, a quienes podríamos nombrar como “las y los desinformantes”.

Es más, en muchos de los casos contra juezas y jueces, fiscales e investigadores del MP, y exabogados de Cicig, la desinformación en redes sociales se da con semanas de anticipación y su contenido coincide plenamente con los delitos por los cuales la fiscalía solicita las órdenes de captura o tramita el retiro de su inmunidad.

En síntesis, el objetivo primordial de la desinformación alrededor de los procesos penales que criminalizan a los actores anticorrupción es generar un clima propicio para su persecución, de tal forma que una buena parte de la población crea que la misma es justificada. Un elemento adicional: las campañas de desprestigio y desinformación que circulan por las redes y las aplicaciones de mensajería —sobre todo por WhatsApp— concuerdan plenamente con la agenda “informativa” de los medios televisivos, radiales y digitales afines a actores políticos y económicos vinculados a casos de corrupción.

El complemento a todo lo anterior es el hostigamiento y acoso digital a través del cual decenas de cuentas —la mayoría falsas— atacan en redes, de manera coordinada, a todo aquel que se pronuncie en contra de la persecución arbitraria del MP y de las resoluciones parcializadas de los jueces. Los netcenters, como se les conoce popularmente, tienen la misión de contaminar el debate público y desestimular que se expresen visiones contrarias a las que sostienen los grupos de poder. Para ello insultan, amenazan, descalifican y espían.

A esto hay que agregar los discursos de actores clave del gobierno, el Congreso, los partidos políticos y algunas cámaras empresariales que refuerzan las narrativas de criminalización y justifican la persecución penal indebida porque conviene a sus privilegios e intereses.