Liberal sin neo
Decimales atingentes
Viva la colaboración eficaz; la verdad o tu versión de ella te hará libre.
Causa asombro comparar los casos de José Luis Benito y Jose Rubén Zamora; jurídicamente parecidos, materialmente diferentes, con resultados que no guardan proporción entre sí. Es necesario aclarar que en ambos casos solo se conoce la información que es pública. Hay sutilezas legales, como la diferencia entre lavado de dinero y conspiración para lavar, la figura de colaborador eficaz, la aceptación de cargos y la discrecionalidad de jueces, que ofrecen argumentos legalistas para explicar las diferencias entre ambos casos, pero aun así el sentido común se ofende.
Técnicamente quizás sea apropiado; el dinero estaba descaradamente sucio, sin lavar.
José Luis Benito era persona de confianza, “asesor” de Jimmy Morales, quien lo nombró primero viceministro de Comunicaciones y en 2018, ministro, cargo que ocupó hasta el final del período presidencial, en enero 2020. En un allanamiento, nueve meses después, el 14 de octubre 2020, se hallaron Q122.35 millones en una residencia en Antigua Guatemala, empacados en 22 maletas. Una de las maletas tenía etiqueta de aerolínea con el nombre de Benito y poco después se le ligó con el arrendamiento de la residencia antigüeña. Días después se emitió orden de captura en su contra y estuvo prófugo más de un año, hasta que él mismo se entregó en un juzgado de Mixco, el 21 de enero 2022. En sus declaraciones a periodistas dijo: “Me presenté de forma voluntaria; son cuestiones políticas”. El pasado 9 de febrero, el juzgado lo condenó a seis años de prisión, que fueron reducidos a cuatro y luego a dos conmutables. Además, la jueza modificó el cargo de lavado a conspiración para lavar. Técnicamente, quizás sea apropiado; el dinero estaba descaradamente sucio, sin lavar.
Viva la colaboración eficaz; la verdad o tu versión de ella te hará libre, literalmente. El caso está “en reserva”; no se conocerá la información que proveerá Benito para no comprometer las investigaciones. Aún no se conoce la proveniencia de los Q122.35 millones ni a quién “pertenecían”; nadie los reclamó y fueron “extinguidos” —palabra legalista para confiscados— y repartidos entre varios órganos del Estado, la mayor parte a las mismas instituciones encargadas de perseguir y juzgar el asunto.
Los decimales son atingentes. Los Q0.35 millones equivalentes a Q350 mil que se suman a los Q122 millones en el caso de las maletas antigüeñas, son más que los Q200 mil asociados al caso de Jose Rubén Zamora. El 29 de julio de 2022, Zamora fue detenido por la PNC con orden de juez por haber recibido dinero de un exbanquero, quien lo acusó de extorsión. El MP lo acusó de lavado de dinero, chantaje y otros delitos, y pidió que se le impusiera una pena de 40 años de prisión. Otros implicados e incluso sus abogados fueron acusados de obstruir la justicia y vieron rebajadas y conmutadas sus penas al aceptar los cargos. Cambió de abogados en siete ocasiones. En junio 2023, un juzgado condenó a Zamora a seis años de prisión y en octubre pasado una sala de apelaciones anuló la condena y ordenó repetir el proceso.
Para la persona de a pie es difícil entender cómo se condena a Zamora a seis años de prisión y a Benito a dos conmutables; Q200 mil entre “sujetos privados” contra Q122.35 millones de un sujeto “publico”. Suponiendo que la supuesta extorsión y obstrucción de Zamora fueran agravantes, el misterio del origen de las maletas lo es también. Además, Benito era funcionario público y la ley exigiría mayor severidad.
El tiempo dirá si el trato blando de Benito se verá justificado por frutos penales de gran magnitud. Contrastar estos dos casos no constituye una defensa de Zamora; tan solo es señalar que parecen tener peso desigual en la balanza de la justicia.
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