La red tejida por el Pacto de Corruptos es fuerte y compacta; sus operadores —sector político, cúpula empresarial, Ejército, sistema judicial y organizaciones criminales— actúan en estrecha coordinación con el propósito de ahogar cualquier intento de restablecer el estado de Derecho en Guatemala. Para ello cuentan con el silencio de una ciudadanía temerosa, una red de medios de comunicación vendidos a sus intereses y la pasiva anuencia de colegios profesionales y universidades.

En la galería, observando el espectáculo, se encuentran el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas con su principal operador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo representante en ese país no ha pasado de ser otra más de las presencias diplomáticas carentes de incidencia.

Esta última institución, entre cuyos objetivos están “erradicar la pobreza y reducir la desigualdad”, ha sido incapaz de imponer su misión en el país más corrupto y empobrecido del continente.

La asfixia del sistema jurídico es una amenaza a la democracia, pero también a la vida de sus mejores operadores, y se ha transformado en un espectáculo penoso y descarado del Pacto de Corruptos, liderado por el presidente y sus acólitos.

Con casi una veintena de operadores de justicia en el exilio por haberse atrevido a investigar y procesar los escandalosos casos de corrupción, y con periodistas e investigadores éticos amenazados por revelar los detalles de sus delitos, Guatemala se ha instalado en el poco honorable sitial de las democracias en vías de extinción.

Sin embargo, esto que sucede en el ámbito doméstico tiene un impacto importante a nivel regional. Si Estados Unidos y la ONU, como uno de los organismos en los cuales posee una influencia de primer nivel, no parecen interesados en apoyar los esfuerzos locales por restablecer el estado de Derecho, la sospecha se centra en intereses mucho más relevantes, como conservar a Guatemala entre el grupo de naciones sometidas a sus políticas neoliberales.

El temor, en esas instancias de poder, es la perspectiva de que finalmente en Centroamérica se instale otro gobierno popular, tal como ha sucedido en Honduras y, para evitarlo, no les quita el sueño la destrucción de su institucionalidad.

La traición de quien se considera el epítome de la libertad y la democracia en el mundo nada tiene que ver con libertad ni democracia.

Todo lo contrario, se asienta firmemente en un liderazgo geopolítico y económico en el cual los derechos humanos y el bienestar de los pueblos no tienen cabida. Menos aún les preocupa la cooptación de la justicia y la persecución y criminalización de sus mejores jueces, fiscales y comunicadores sociales.

La lucha, por lo tanto, ha de ser interna y sin cuartel. La guerra contra la justicia no solo se libra en las Cortes, sino en todas las instancias políticas, económicas e institucionales, y su podredumbre abarca cualquier ámbito de la sociedad.

Los espacios de decisión —Cortes, Congreso e instituciones del Estado— han sido tomados a la fuerza por un grupo criminal cuyo poder se consolida gracias al silencio de una ciudadanía orillada a contemplar cómo saquean su patrimonio y acaban con sus recursos. Todo depende de la respuesta del pueblo y de cuánto tarde en reaccionar ante este proyecto de dictadura.