Con las nuevas restricciones que el presidente Giammattei y la ministra de Salud pusieron la semana pasada tiraron a la basura un sistema que —con sus limitaciones— estaba funcionando: el “semáforo” de niveles de alerta por municipio. Ahora regresamos a la peor clase de incertidumbre, a la de depender de qué va a decir el presidente en sus mensajes nocturnos para saber qué derechos todavía tenemos y cuáles han sido violados.

Esto es así porque, aunque el Estado de Prevención impuesto solo puede durar 15 días, las nuevas restricciones que invalidan el semáforo están contenidas en un acuerdo del MSPAS que no tiene fecha de vencimiento. Y aunque considero inconstitucionales esas restricciones, también lo son las establecidas en el semáforo, pero, aun así, seguían vigentes.
Indistintamente de la constitucionalidad o no del semáforo y las nuevas restricciones, la diferencia básica entre ambas es una crucial: la incertidumbre de depender de las decisiones discrecionales que tome un funcionario —por muy buenas o malas que estas puedan ser—, versus un sistema que, con todo y sus defectos, por lo menos utiliza parámetros claros, objetivos y, lo más importante, públicos, con lo que cualquiera puede saber el estado de su municipio y planificar acorde.

Lo peor de todo es que el sistema estaba funcionando como se esperaba, ya que ahora que se dio un repunte de casos el semáforo reaccionó, incrementándose la cantidad de municipios que pasaron de amarillo a naranja, y de naranja a rojo. ¿No se supone que eso es lo que tenía que pasar? Entonces, ¿por qué arruinar algo que estaba funcionando bien? Lo que se debía hacer era hacer cumplir el semáforo, no eliminarlo.

Y, aunque los números de casos confirmados y activos ya están llegando a los niveles que se dieron durante el pico de la “primera ola” de junio y julio del año pasado, las circunstancias son muy distintas. Con todo y que el Gobierno no aprovechó el tiempo que tuvo desde esa primera ola para incrementar más la capacidad del sistema de salud al nivel que debiera estar —y especialmente al nivel que ellos mismos habían ofrecido y para lo cual se les dieron los recursos—, por lo menos se tiene una cantidad de camas destinada a pacientes con covid-19 que no se tenía durante la primera ola.

Adicionalmente, ya se tiene más conocimiento de cómo tratar la enfermedad, lo que ha permitido que las muertes como consecuencia del covid-19 se hayan mantenido estables y no se hayan incrementado a los niveles que se dieron durante la primera ola. A ello también hay que agregar que ahora se tiene mucha más capacidad de realizar pruebas, al grado de que se están haciendo por lo menos tres veces más pruebas de las que se hacían durante la primera ola, lo que ha logrado que el nivel de “positividad” de los resultados se mantenga cercano al 16 por ciento —no ha llegado al 21 por ciento que pusieron en el acuerdo de las restricciones—.

El verdadero problema estriba en que no aprovecharon el tiempo para incrementar la capacidad del MSPAS. No es que sean tantos los casos, sino que son tan pocas las camas que se habilitaron que un repunte similar al que ya se había tenido con antelación es suficiente para colapsar la red hospitalaria.

Lo peor es que, a como va el tema de las vacunas, las posibilidades de repuntes continuarán latentes por lo menos hasta el año entrante, por lo que se hace prioritario que el Gobierno ahora sí se dedique a incrementar la infraestructura necesaria para enfrentar eventuales nuevos repuntes, en lugar de que recurran a la salida fácil de restringir más a los ciudadanos, con las devastadoras consecuencias que ello tendrá sobre la economía de todos.