De mis notas
De leyes y presupuestos exprés
El final del discurso es que ya el pago de peajes y las agendas politiqueras son lo que manda en este país.
A medida que huele a tamales y aguinaldos, el Congreso ha adoptado un ritmo frenético para aprobar leyes y presupuestos. Este apresuramiento, lejos de responder a una planificación estratégica, refleja la presión de grupos de interés y una inercia política que privilegia el interés clientelar y agendas políticas sobre el sentido común y la transparencia. ¿El resultado? Leyes de gran trascendencia que se aprueban con errores de fondo y forma, dejando en evidencia la falta de debate y análisis técnico.
El final del discurso es que ya el pago de peajes y las agendas politiqueras son lo que manda en este país.
Un ejemplo claro es la Ley de la PNC. Según diversos tanques de pensamiento, esta norma enfrenta serias dificultades de implementación, conflictos legales y constitucionales, y una evidente ausencia de planificación presupuestaria. En lugar de fortalecer la seguridad y la institucionalidad, está destinada a generar más problemas que soluciones, un reflejo preocupante de la prisa con la que fue diseñada y aprobada.
Otro caso alarmante es la reforma a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra). Las nuevas disposiciones para “monitorear” los medios de comunicación en busca de posibles actos de discriminación conllevan un serio riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, al abrir puertas a interpretaciones discrecionales y potenciales abusos.
Ante ello, las principales agrupaciones periodísticas, como la Cámara Guatemalteca de Periodismo y la Asociación de Periodistas de Guatemala, han anunciado acciones de inconstitucionalidad, argumentando que las leyes vigentes ya ofrecen mecanismos suficientes para combatir la discriminación, sin necesidad de implementar este tipo de medidas que vulneren derechos fundamentales como la libre emisión del pensamiento.
La Ley de Competencia también merece mención especial. Diseñada, en teoría, para fomentar la libre competencia y “mercados justos”, esta ley crea un ente fiscalizador “burrocrático” con atribuciones omnipotentes que todos los análisis califican como excesivas.
Entre sus disposiciones erróneas —que son abundantes— contiene absurdos como la prohibición de vender productos por debajo del costo, una práctica legítima para muchas empresas que buscan liquidar inventarios. Este tipo de regulaciones, lejos de promover la competencia, terminarán asfixiando a las empresas, especialmente en un entorno económico ya de por sí complicado.
Pero quizá el mayor ejemplo del apresuramiento legislativo es el presupuesto general de la Nación. Con un monto que supera todos los récords históricos, este presupuesto no solo evidencia una falta de responsabilidad fiscal, sino que demuestra de una manera patética las prácticas clientelares, al destinar recursos a consejos de Desarrollo y alcaldes que al final terminarán en los bolsillos de los diputados. Eso explica la prisa por aprobar.
La aprobación de este presupuesto también incluye graves faltas, como financiar gastos de funcionamiento mediante deuda pública, una práctica expresamente prohibida por ley. Llora sangre que todos estos millardos se vayan en funcionamiento y casi nada en inversión.
La pregunta que surge es inevitable: ¿se puede revertir esta tendencia? En teoría, sí. La ciudadanía tiene derecho de exigir transparencia y rendición de cuentas, y las organizaciones civiles pueden jugar un rol en el monitoreo de estas decisiones. Pero, siendo realistas, el cambio requiere más que indignación pasajera. Se necesita un compromiso sostenido que, lamentablemente, parece estar ausente, tanto en la clase política como en los demás sectores.
El apresuramiento con el que se están aprobando leyes y presupuestos no solo compromete el presente, sino que hipotecará el futuro del país. Guatemala no necesita más leyes apresuradas ni presupuestos diseñados al calor de los intereses políticos. Lo que se requiere es una visión de largo plazo, basada en la transparencia, el diálogo y el análisis técnico.
Una meta lejana porque el pago de peaje politiquero ya está engranado como un cáncer terminal.
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