Por reiterativo que parezca, debo repetir una vez más que no es lo mismo una manifestación que un bloqueo, y que lo que están haciendo los grupos que han tenido paralizado el país desde el lunes es un delito, no la defensa de un derecho. La confusión deviene de igualar una manifestación con un bloqueo, pero no son lo mismo.

El derecho a manifestar es una de las principales protecciones que establece nuestra Constitución. Todos los guatemaltecos -y yo sostengo que cualquiera, aunque no lo sea- tienen el derecho de manifestar su opinión sobre lo que les dé la gana. Pueden reclamar las actuaciones de cualquier funcionario, desde el burócrata más irrelevante hasta el presidente de cualquiera de los Organismos, pasando por ministros, diputados, alcaldes, jueces, magistrados y cualquier otra persona que trabaje en el gobierno.

Para manifestar mi descontento con algo, no tengo que violar los derechos de las demás personas. Se puede manifestar en cualquier plaza o parque del país. Se puede manifestar a la orilla de cualquier carretera o cruce de caminos. Se puede manifestar frente a los edificios u oficinas de los funcionarios contra los que se manifiesta. Se puede manifestar desde la ventana de mi casa: ¿no han oído de los cacerolazos que se dan en muchos países? Pero para hacerlo, no tengo que violar los derechos de los demás ciudadanos.

Cosa muy distinta son los bloqueos, como los que han realizado algunos grupos de personas en buena parte del país durante esta semana (curiosamente, no en el corredor de la droga). Ellos pueden argumentar que su queja es válida, cosa que no cuestiono. Lo que cuestiono son los métodos que utilizan, que violan flagrantemente los derechos de todos los demás guatemaltecos.

El derecho a la libre circulación es también uno de los que protege la Constitución -y todos los tratados de Derechos Humanos, por cierto-. Este no le puede ser violentado a nadie por ninguna autoridad, ni mucho menos por cualquier otro ciudadano. Y es este derecho el que están violando todos los bloqueadores. Ya las Cortes de Constitucionalidad -casi todas ellas- han establecido categóricamente que ninguno de estos derechos se puede contraponer al otro. La gente tiene el derecho de manifestarse, pero no por ello tiene derecho a violentar el similar derecho que tienen todos los demás para circular libremente por todas las vías públicas del país.

Y aquí no hay justificación que valga. Repito, el cuestionamiento puede ser muy loable y probablemente buena parte de la población lo apoye, pero eso no le da derecho, ni siquiera a la mayoría, de violar los derechos de todos los demás.

A ello hay que agregar que muchos de estos grupos no se han limitado simplemente a bloquear las carreteras. Con lujo de fuerza y prepotencia han obligado a muchas empresas a cerrar sus puertas, bajo amenaza casi de linchamiento, con lo cual sus actuaciones no se diferencian en nada de los mareros extorsionistas. En algunas poblaciones del departamento de Sololá, por ejemplo, han llegado al extremo hasta de cortarles la electricidad y el agua para obligarlos a cerrar sus operaciones. Y por aquello de sus argumentos retorcidos, no lo han hecho solo con las empresas de la “oligarquía”, sino con todos los negocios locales que, en su mayoría, son pequeñas empresas familiares.

Retorciendo la Constitución cual chajalele quizá alguien les pueda creer su argumento de que los bloqueos no son delito, pero dudo que puedan convencer a nadie de que amenazar a las personas a punta de machete para que cierren sus negocios no es un delito.

Lo triste es que muchos de quienes están realizando todas estas acciones realmente creen que le están haciendo un servicio a la patria y apoyando a Bernardo Arévalo. En realidad, le están haciendo un mal servicio a ambos, llevando al país a un caos que lamentablemente todos pagaremos.