El 25 de junio recién pasado acudimos a las urnas, al escribir estas líneas, no hay resultados oficiales y las planillas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia se encuentran inmóviles bajo la excusa de impugnaciones, en donde la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia juegan para el retraso.

Mientras más elecciones realizamos, creeríamos que el régimen democrático se fortalecería, pero es a la inversa y pongamos un claro ejemplo. El 12 de noviembre de 1995 se realizaron elecciones y Álvaro Arzú del PAN obtuvo el 36.6% de los votos, Alfonso Portillo del FRG el 22.1% de preferencias, Fernando Andrade Díaz Durán de la UCN, DCG y PSD el 12.9% y finalizo con Jorge González del Valle del FDNG con el 7.7%, con 19 candidaturas más. Luego el 7 de enero de 1996, es decir, literalmente 7 días antes de la toma de posesión se realizó una segunda vuelta electoral en la cual Álvaro Arzú logró el 51.2% y derrotó a Alfonso Portillo quien obtuvo el 48.8%, es decir, una diferencia de un 2.4%. El traspaso de poder se realizó y entregó el cargo Ramiro de León Carpio el 14 de enero de 1996.

Si la computación y el mundo digital crearon facilidades y hacen lo complejo más fácil, ¿por qué parecería que nuestro modelo electoral se conduce para atrás? Si vemos un poco de historia, la polarización entre el otrora PAN de Arzú con aquel FRG de Ríos Montt era inmensa, estoy seguro de que a los padres les hubiera costado mucho ver la alianza actual de sus hijos, pero el punto está en que la autoridad electoral podía realizar una elección, con estrecho margen de diferencia y generar certeza en una semana.

Si el régimen electoral no funciona, toda la institucionalidad del Estado se perjudica, porque es el voto popular quien legitima el ejercicio de toda función pública. Nuestro país vivió un cruento enfrentamiento armado interno porque los militares en el poder no dejaron la participación de opciones opositoras y de Peralta para Lucas, las imposiciones, pactos secretos y fraudes fueron la realidad diaria.

En todas las elecciones del mundo hay problemas con actas, con algunos traslados de resultados e inconvenientes operativos, pero de eso a que por más de dos semanas un país no pueda conocerse resultados oficiales hay un trecho enorme.

Nuestra Constitución señala que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pero en el tema electoral la propia Ley de Amparo señala “Toda persona tiene derecho a pedir amparo…: en materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión”.

Lo anterior significa que lo único que podría ser susceptible de Amparo es lo resuelto por el Tribunal Supremo Electoral, en definitiva, pero ahora resulta que tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia, sin que se agoten los recursos propios de la materia electoral irrumpen en un ámbito prohibido.

La Justicia Constitucional es subsidiaria, es decir, entra a jugar cuando los medios ordinarios o comunes de inconformidad ya fueron resueltos, pero en 2023 vemos cómo los dos máximos tribunales del país juegan un papel para retrasar resultados.

Si en 1996 pudimos realizar una elección, bajo tremenda polarización, en la cual la diferencia fue de 2.4% y en la cual la opción perdedora obtuvo más del 85% de los distritos, a pesar de la precariedad del TSE actual debemos empujar para adelante y no jugar con la paz de todo un país.