A contraluz
Cuando los patos le tiran a las escopetas
Porras buscaría proteger a sus amigos involucrados en el caso de defraudación y en su lugar implicar a Arévalo.
Una semana después de que el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, diera a conocer el caso B410, calificado como la mayor defraudación tributaria de la historia del país, el Ministerio Público (MP) presentó el caso Mecanismo de corrupción Micivi, por el cual solicitó el retiro de la inmunidad del presidente Bernardo Arévalo para poder investigarlo. El presunto caso habría sido montado por el fiscal Rafael Curruchiche en forma exprés y sería la respuesta de la estructura del exmandatario Alejandro Giammattei para frenar los daños que le habría ocasionado la denuncia de la SAT, que sacó a flote la forma de operar de una mafia que llegó a defraudar al Estado más de Q300 millones. Lejos de profundizar en las pesquisas facilitadas por el ente tributario, la fiscal general Consuelo Porras realiza un montaje que tiene todas las características de ser una revancha política. Es evidente que han acelerado los planes para quitar a Arévalo del camino.
El destape del caso B410 aceleró los planes de defenestrar a Arévalo y lograr que la mafia vuelva al poder.
En el 2021, Porras le llamó la atención a Juan Francisco Sandoval, el anterior jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), porque no había sido “amable y cordial” con el entorno de la Presidencia de Giammattei cuando investigaba un caso relacionado con el IGSS. En esta ocasión no hubo tal detalle de cortesía y dejó que Curruchiche, el sustituto de Sandoval en la Feci, tildara al presidente Arévalo de tener doble moral, de incurrir en hipocresía y haberse convertido en el principal responsable de fomentar la impunidad en el país. O sea, los patos le tiran a las escopetas. El MP, en lugar de iniciar las averiguaciones sobre los principales responsables de la estructura de defraudación tributaria, ahora resulta que es Arévalo el que está detrás de esa mafia. Curruchiche se afanó en mostrar las supuestas vinculaciones de Arévalo con empresas implicadas en el caso B410, en el que incluyó hasta al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
¿Cuál es la razón de esa fumada de película? Muy sencillo, el caso de las 410 empresas defraudadoras escarba en la estructura que funcionó durante el gobierno de Giammattei y que le permitió no solo escamotear los impuestos, sino que aparentar la compra de bienes y servicios que nunca llegaron a su destino. Eso le significó al Estado la pérdida de más de Q300 millones en tributos y el saqueo de la mayor parte de los Q6 mil millones en transacciones sospechosas con instituciones estatales y municipales. Como esa mafia pensó que continuaría en el poder operó en forma burda. Dejó muchos rastros y cabos sueltos que una buena investigación penal permitiría llegar hasta los responsables intelectuales. Ese es el temor, porque Porras tendría que desenmascarar a sus amigos y padrinos políticos. Por eso lo más fácil es desviar la atención de quienes están detrás del caso B410 y echar de cabeza a Arévalo. El destape del caso de defraudación tributaria precipitó el propósito de defenestrar a Arévalo. El primer paso es tender una cortina de humo en torno al actual mandatario al señalarlo de estar involucrado en esa trama y minar su imagen de adalid de la lucha contra la corrupción. En la conferencia de prensa del MP, Curruchiche se convirtió en juez y parte porque ya definió que Arévalo es responsable de haber incurrido en abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias de la Constitución. El siguiente movimiento sería lograr retirarle el antejuicio y destituirlo, para que la estructura detrás de Giammattei vuelva al poder. Eso significaría que ya no se investigaría el caso B410, sino que esa mafia continuaría feliz y contenta con sus operaciones. Falta ver si Giammattei y Porras cuentan con el suficiente respaldo político para ejecutar el golpe o si, por el contrario, el presidente Arévalo finalmente despierta de su letargo.
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