Al Pacto de Corruptos se le va acabando el tiempo, le corre en contra el reloj. El 14 de enero está próximo y por eso apresuran la estrategia golpista que tiene en el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y en las cortes cooptadas sus armas más eficaces.

No se plantearon un golpe de Estado convencional, les resultaba innecesario y además no las tenían todas consigo. Con el alineamiento de los tres poderes del Estado y la recaptura del sistema de justicia (48 operadores independientes obligados a exilarse) la vía más segura era el golpe judicial, y en eso están. La última de sus maniobras fue la elección apresurada de la corte suprema de justicia -así con minúsculas- que deberá conocer los antejuicios en contra del binomio electo del partido Movimiento Semilla y dejar vía libre para su persecución penal.

Por más grotesco que parezca, fabricaron durante meses el “caso” en contra de quienes valientemente resistieron, denunciaron y se opusieron al flagrante fraude electoral en la Usac que llevó a Walter Mazariegos a la Rectoría y lo convirtieron en la vía alternativa para intentar impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera y, de paso, castigar y perseguir a estudiantes, profesores y profesionales universitarios de la digna resistencia sancarlista.

Criminalización y golpismo son las dos caras de la actual fiscalía general, cuyo mandato pasó de desmantelar el andamiaje institucional del MP que hizo posible la investigación y persecución penal en contra de estructuras criminales y redes político-económicas ilícitas a la persecución y venganza —a través de casos fabricados— de quienes lideraron la lucha contra la corrupción e impunidad, y ahora se enfoca en impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia, aunque para ello retuerzan la Constitución, manipulen la ley penal, violenten la voluntad popular expresada en las urnas y encarcelen a personas inocentes.

El más reciente zarpazo (que no el último, como ya anunció el netcenter del MP) se dio el pasado jueves 16/11, con los 31 allanamientos, 27 órdenes de captura y las detenciones arbitrarias del economista, sociólogo y columnista Eduardo Antonio Velásquez Carrera; del decano de la facultad de Veterinaria y Zootecnia, Rodolfo Chang Shum; del ingeniero y profesor universitario Alfredo Enrique Beber Aceituno; del estudiante de Física Aplicada e integrante del Colectivo Estudiantil Universitario de la Usac, Javier Alfonso de León Gómez; y de la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla y comunicadora social por la Universidad Rafael Landívar, Marcela Blanco.

A través del burdo “caso” Usac: botín político, el MP tiene en prisión a cinco ciudadanos íntegros y consecuentes, pretende tergiversar los genuinos motivos que llevaron a la toma de la Usac y presentarla como una plataforma político-electoral del Movimiento Semilla y así impedir la asunción de Arévalo, cuya vinculación “prueban” con una serie de tuits. Así de patético y de retorcido.

Tampoco extraña que otro de los jueces predilectos del MP que comparte con Consuelo Porras un sitial en la lista Engels sea quien autorizó las 27 órdenes de captura. Además de sobreseer el caso en contra de la exmagistrada Blanca Stalling, dictar falta de mérito al exrector Estuardo Gálvez y emitir una orden de captura contra la ex fiscal general Thelma Aldana, Víctor Cruz recibió un contrato reciente en la Usac como profesor de un doctorado.

Está claro: no estamos frente a un caso judicial, sino ante un nuevo montaje con claras motivaciones políticas para impedir la asunción del presidente electo y burlar las elecciones.

Libertad para los presos políticos, solidaridad irrestricta con las y los perseguidos y repudio a la mafia golpista.