La corrupción es cosa de siglos. En Guatemala, a partir de 1986, con la actual era de gobiernos electos, se mantuvo pero había límite marcado por la falta de descaro, insolencia, atrevimiento y nula conciencia. En los últimos 20 años aumentó hasta alcanzar y mantener extralimitaciones indescriptibles, al punto de convertirse en la causa principal del subdesarrollo y retroceso nacionales. Poco a poco ha sido mencionada al señalar, criticar y rechazar las acciones de gobiernos corruptos, pero hasta hoy, lo escrito en su mayoría sólo considera lo único o lo más importante el aspecto puramente económico, cuyos efectos afloran cuando surgen problemas y tragedias a causa de ser el sol negro del sistema donde participan políticos, funcionarios y sector privado.

El camino del inicio de la urgente pero dificilísima recuperación nacional comienza con la eliminación sin contemplaciones de los corruptos en cualquiera de sus manifestaciones y de las posiciones de quienes de esa forma desprestigian a los sectores público y privado. Al ser imposible corromper o instigar la corrupción si no hay corruptos, se les debe considerar con igual nivel de responsabilidad ética complementada con la parte legal. Las normas de la ley deben ser claras, sin posibilidad de interpretaciones y los culpables deben ser juzgados y castigados cuando hay evidencia clara, como es –un simple ejemplo— el libramiento de Chimaltenango, caso con un adicional pecado por omisión porque no se denunciaron las fallas técnicas descubiertas por los expertos.

En las últimas semanas han aumentado las menciones en las columnas periodísticas acerca de los efectos desastrosos de la corrupción. En el público, estoy seguro, ha ido apareciendo el entendimiento de cómo ésta se relaciona con el doloroso atraso del país. Con su tradicional silencio, los guatemaltecos en los últimos cinco años han comenzado a descubrir y a aceptar la urgencia de combatirla, pero no existe claridad en el orden de los factores causantes del terrible atraso no sólo nacional sino de cualquiera de las élites de la sociedad. Se confunde a la corrupción a secas con la corrupción económica y debido a ello quienes desean combatirla sólo en este campo no podrán tener éxito. Alguien como Joviel Acevedo se deleita en asegurar el atraso educativo del país.

Es crucial colocar a la corrupción en el primer lugar donde se debe pelear para eliminar el hecho de ser Guatemala un país ahora casi dominado por el narcotráfico y sus tentáculos. Todas las instituciones nacionales, públicas y privadas, deben estar dirigidas por personas con ese pensamiento. Hoy en día, la corrupción no sólo consiste en dinero sucio colocado en los bolsillos de los corruptos, sino en hacerlo con sumas exorbitantes cuyo peor efecto es la ostentosa exposición de cómo se puede ascender en la escala social gracias a esos fondos diabólicos, a ciencia y paciencia de una sociedad incapaz o sin el valor suficiente de protestar. El resultado es simple de predecir y de entender.

Quienes hablan de tomar decisiones para el avance del país, pero no toman en cuenta la impostergable necesidad de combatirla de frente, piden a la ciudadanía pelear una batalla no ganable. El poder de influencia de los corruptos puede llegar a ser imposible de medir. Insistir en comenzar con esa lucha contra la corrupción haciendo un esfuerzo por mejorar al país, de ninguna manera constituye un sueño. Su triunfo puede facilitarse con batallas simultáneas de gran importancia, como es erradicar gracias a sentencias justas la certeza de la impunidad lograda a causa de cómo funciona en la práctica el sistema judicial, y esto implica la depuración de jueces y magistrados, casi en su totalidad, porque la burla hecha por ellos a las leyes es un sólido pilar a la corrupción.