El golpe de Estado que por la vía judicial pretende concretar el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras avanza al mismo tiempo que la persecución penal en contra de abogados, jueces y fiscales independientes que abanderaron la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Y esto no es casualidad, forma parte del mismo libreto autoritario que se viene desarrollando por etapas y que tiene a Guatemala al borde del rompimiento constitucional. El encarcelamiento y el exilio forzado de cerca de 40 abogadas, abogados y operadores de justicia obedece a la estrategia de cooptación y captura del sistema judicial, que es la herramienta fundamental que están utilizando para intentar burlar la voluntad ciudadana expresada en las urnas y perpetuar el sistema de desigualdad, saqueo y corrupción que hoy nos domina.

Con una Fiscal General integrante prominente del Pacto de Corruptos en asociación con juezas, jueces y magistrados que dictan resoluciones a la medida de esos intereses, progresa cualquier causa por ilegal e ilegítima que sea. Así es como han construido los casos de criminalización contra fiscales, jueces, abogados, defensores de DDHH y periodistas y como pretenden evitar que el binomio presidencial del Movimiento Semilla asuma el poder el próximo 14 de enero.

El brazo operativo del Golpe tiene nombres y apellidos cuyos rostros más visibles están en los juzgados y en el MP. Pero las y los golpistas no solo son funcionarios de la Fiscalía, jueces prevaricadores o los vociferantes querellantes adhesivos en las causas contra operadores de justicia y periodistas; hay padrinos y madrinas en el Congreso, las altas cortes, en el poder económico emergente y tradicional, en las fuerzas armadas y en el Ejecutivo.

Sin lugar a dudas hay personajes que operan desde las estructuras de inteligencia del Estado y desde las Redes Político-Económicas Ilícitas que no son otra cosa que la versión actualizada de los CIACS (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad) que diseñaron y ejecutaron las estrategias para eliminar durante la guerra al “enemigo interno”, etiqueta con la que hoy catalogan a toda persona que consideran un obstáculo para perpetuar el estado actual de las cosas.

Tienen mucho para perder y saben perfectamente que si la correlación de fuerzas cambia –por mínimo que sea el viraje- pueden terminar como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en prisión (aunque sea VIP), sin caletas, con órdenes de extradición, sanciones económicas que les compliquen los negocios y con la llave cerrada de los recursos del Estado destinados a la corrupción, la compra de voluntades y al bolsón sin fondo de las obras y proyectos fantasma. Por eso es que no se detienen y por eso también es que de aquí a enero van a intentar evitar a toda costa que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión o, si no lo logran, que asuman muy desgastados. En eso están y no piensan recular porque el tiempo avanza y les juega en contra.

Aunque su apuesta principal es anular el resultado de la elección, no cejan en su afán de castigar y vengarse de quienes se atrevieron a enfrentarles. Por eso seguirán con los procesos de criminalización y persecución penal indebida como los que vemos ahora en contra de la abogada Claudia González y del juez Carlos Giovanni Ruano, cuyo denominador común es el caso judicial que implicó a la magistrada Blanca Stalling Dávila, quien sigue -como el resto de miembros de la Suprema- ocupando un cargo que venció en octubre de 2019.

Pero no solo los golpistas, corruptos e impunes juegan en esta cancha. Mientras escribo esta columna, el pueblo se prepara para manifestar y defender junto al presidente electo la voluntad popular y el mandato constitucional de alternancia en el poder. Y reitero: no es por un partido político, es por la democracia.