Reflexiones sobre el deber ser
Coexistencia de la libertad de expresión y la justicia
La prensa y los jueces son aliados de la democracia.
Siempre he sostenido que la libertad de expresión de ideas y la justicia oficial son baluartes de la democracia institucional, porque la primera garantiza la posibilidad de externar la conciencia humana, dando pie al pensamiento crítico y a la transparencia, el pluralismo, la tolerancia, la autocrítica y la comunicación; en tanto que, en rigor, la justicia oficial, cuya finalidad es la aplicación de leyes legítimas y justas, se imparte por juzgadores competentes, independientes e imparciales, seleccionados a la luz de méritos de aptitud, probidad y ética, y no atendiendo a malsanos intereses creados o cediendo a pretensiones de politización de la justicia y judicialización de la política.
Ambas tienen ámbitos de acción diferentes en la vida social; empero, son simultáneamente consubstanciales a la democracia liberal y sus mejores aliadas.
La libertad de expresión, además de ser la primera trinchera en la defensa de la libertad y el Derecho, es un vehículo a través del cual se denuncia la inmoralidad, la corrupción, el abuso de poder, la arbitrariedad y la impunidad; y, en etapas de oscuridad y regresión como la actual, promueve el debate sobre la reforma del Estado y la rehabilitación de la política, que pasa por el restablecimiento de una autoridad electoral independiente y de la jurisdicción político electoral, así como exige la erradicación del dinero sucio, el clientelismo y la demagogia en la acción política. La justicia oficial, a su vez, tiene la misión toral de proteger y defender los derechos humanos, preservar la constitucionalidad, castigar a los funcionarios infieles y desalentar la criminalización de opositores y disidentes.
Los juzgadores, en cuestión de libertad de expresión, no deben olvidar que, conforme a la Constitución, solo son responsables legalmente quienes, en ejercicio de dicha libertad, incurran en faltas de respeto a la vida privada o la moral, previa comprobación de una “real malicia”…
Por supuesto, quienes ejercen la libertad de expresión deben tener presente que corresponde a los juzgadores, con exclusividad, la administración de justicia pronta y cumplida, por lo que deben evitar el litigio mediático y el juzgamiento en paralelo. Por su parte, los juzgadores, en cuestión de libertad de expresión, no deben olvidar que, conforme a la Constitución, solo son responsables legalmente quienes, en ejercicio de dicha libertad, incurran en faltas de respeto a la vida privada o la moral, previa comprobación de una “real malicia”, así como que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones en contra de servidores públicos, por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
En todo caso, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia de 1 de febrero de 2006 (expediente # 1122-2005), dejó sin vigencia el delito de desacato, que castigaba con prisión a quien amenazare, injuriare, calumniare o de cualquier otro modo ofendiere en su dignidad o decoro a los servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, bajo el criterio de que dicho ilícito violaba el mandato constitucional que señala que las publicaciones que contengan críticas, denuncias o imputaciones contra dichos servidores no constituyen delito o falta.
Finalmente, los juzgadores deben estar conscientes de que la administración de justicia pronta y cumplida, en el marco de una interpretación legítima de la ley, es la piedra angular de la defensa de los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos, así como de la importancia que tiene el acceso a la información y el libre juego de opiniones en una sociedad democrática. Asimismo, los periodistas y opinantes, además de ejercer la libertad de expresión con responsabilidad, deben aquilatar la ardua, delicada y trascendental labor de los juzgadores correctos.
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