En las mesas familiares guatemaltecas, dentro y fuera de Guatemala, se habla de las protestas que llevan más de una semana en nuestro país. La pasión con que cada ciudadano manifiesta contra esta crisis es el resultado de cómo la vive o con cuál perspectiva la mira. No todos la vivimos o la vemos igual. Pero todos queremos lo mismo: vivir en un país más justo y democrático.

El silencio del Gobierno agudiza las demandas ciudadanas. Hace que la dura realidad que vive el 50% de la población en pobreza, con falta de servicios y consumos básicos, se expanda a toda la nación. Cuando un gobierno no escucha los cambios que la sociedad pide, surgen protestas como reacción a la ineficiencia y la corrupción. Las consecuencias del paro nacional, cuando no existe voluntad política de un diálogo inmediato, pueden agravarse e incluso degenerar en violencia. Pero la división entre guatemaltecos solo causa que un gobierno corrupto e impune nos conquiste. Solo unidos podemos demandar el fortalecimiento del estado de Derecho y salvar nuestra joven democracia.

Por eso, todos debemos gritar que Guatemala necesita una Reforma del Sistema de Justicia, desde el oriente hasta el occidente, desde el norte hasta el sur del país. Queremos certeza, con hechos, que el binomio presidencial electo por el pueblo tome posesión el 14 de enero de 2024. Juntos exijamos el cambio de liderazgo en el Ministerio Público. La jefa del MP falló porque perdió la confianza de la ciudadanía. Así lo expresan sectores: Iglesia Católica, empresarios, universidades, profesionales, expertos constitucionalistas y quienes protestan frente a su edificio. Perdió legitimidad ante la población y esto daña la institucionalidad.

El tiempo corre, y mientras más grupos se sumen al paro, más complejo y volátil se torna el futuro porque complica el diálogo —pues cada grupo tendrá su propia agenda—. La salida de la fiscal no resolverá todas las necesidades existentes, pero demostrará la apertura del Estado al diálogo. El MP necesita cuanto antes un nuevo liderazgo, ético y responsable. El Gobierno está para servir y atender a la población. Si no la atiende, el desorden crecerá y beneficiará al crimen organizado y a los mismos corruptos.

Admiro a nuestras autoridades mayas ancestrales, centenarias y organizadas, quienes venían exigiendo que se detuviera el mal uso del poder Judicial. Han estado levantando la voz por todos nosotros. Ante el silencio del Gobierno, la falta de su voluntad de diálogo y abusos de poder, se levantaron.

Cuando una sociedad llega al punto de protestar en la calle, es reflejo de que el Gobierno falla, que no está cumpliendo con sus deberes y que está abandonando a quien le eligió y a quien debe servir. A nivel nacional, es evidente la falta de atención a las necesidades básicas: malas escuelas, sin escritorios ni maestros; malas carreteras, escasez de medicinas, centros de salud y hospitales sin insumos a causa de la corrupción y la impunidad. Los gastos más altos de la historia aprobados durante la pandemia se hicieron sin rendición de cuentas ni transparencia.

La sociedad guatemalteca tiene el derecho a exigir cambios. El Gobierno tiene la obligación de escuchar y responder. El orden público se genera cuando el Estado pone en el centro de sus acciones al ciudadano guatemalteco.

Cada guatemalteco tenemos un rol que jugar. Juguemos el propositivo. Expresemos nuestra exigencia y no caigamos en divisiones ni polarizaciones, porque hay grupos corruptos que eso intentan. La división solo trae pobreza, corrupción y dictadura. La división nos aleja de ese mejor país que queremos para nuestras hijas y para nuestros hijos.