Once años cambiaron la historia de la justicia en Guatemala. Vuelvo a sostener que lo que se nombra existe, y hemos nombrado la corrupción y la impunidad. Un factor determinante para vivir este parteaguas fue la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Veníamos de décadas de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) vinculados al conflicto armado interno de 36 años; de oficinitas y cofradías vinculadas a sofisticados aparatos de inteligencia incrustados en el andamiaje del Estado; de cuerpos desaparecidos, torturados y/o carbonizados, y de ejecuciones extrajudiciales en prisiones de máxima seguridad, entre otras gentilezas de este país que no se atreve a recuperar su primavera.

Pero romper el viejo orden lleva tiempo y aún no hemos llegado al punto de no retorno. La espada de Damocles se cierne sobre Guatemala, como la amenaza persistente del peligro que significaría el total fracaso de la instauración democrática y del Estado de Derecho. La justicia ha sido históricamente selectiva en Guatemala, ¿o acaso es casualidad que las prisiones “de verdad” estén llenas de gente sin apellido y sin conectes? Lo que la Cicig inició en Guatemala es un proceso de largo aliento que tenemos que continuar juntos quienes aquí nos quedamos, sobre todo sabiendo que los Ciacs incursionaron en los partidos políticos y mutaron en redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter nacional y regional. Esto llevó el poder real al escenario electoral, al mismo tiempo que el poder de exmilitares y aparatos clandestinos creó instrumentos políticos que les permitieron participar.

Según Waxenecker, en Guatemala el transfugismo (ahora prohibido) “ha formado parte de la ‘normalidad legislativa’, adquiriendo las formas de un intercambio electoral-mercantil de doble vía en un sistema político unipolar y clientelar”. Este mecanismo permitió por muchos años la reelección legislativa de operadores de partidos que no son proyectos políticos para la democracia, sino espacios y vehículos de poder que ejercen control político y generan rentables negocios para quienes participan en las RPEI. Así llegamos a las elecciones 2019. Para hacer girar la ruedita del sistema-hámster político guatemalteco, está el ágil financiamiento ilícito que aceita los engranajes del poder de la mayoría de partidos políticos representados en el Congreso. Tenemos aquí el ménage à trois perfecto, la triada que ha levantado el pacto de corrupción más perdurable: los partidos políticos de tercera generación, las RPEI nacionales y regionales, y el financiamiento político ilícito.

Cicig tiene nombre de justicia. En sus once años intentando combatir la impunidad y la corrupción, identificó más de 60 estructuras criminales y presentó más de cien casos ante la justicia. Más de 680 personas fueron procesadas, y el 80 por ciento de ellas se encuentra hoy con medida sustitutiva; 310 personas fueron condenadas y 34 reformas legales presentadas. No es poca cosa en un Estado secuestrado por las mafias que ostentan los capitales tradicional y emergente, donde las fake news y los netcenters orientan la opinión pública y Dios es un menú a la carta para grupos fundamentalistas que matarían a Jesús si se apareciera hoy en Guatemala.

Estamos a las puertas de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, y corremos el riesgo de la restauración de un orden corrupto. De solo pensarlo, duele. Durante el gobierno de James Morales dimos un salto cuántico hacia atrás en indicadores sociales, en unidad nacional, en intención democrática, en materia de justicia y reforma del Estado, entre más. Los escenarios reaccionarios están servidos para levantar catedrales del dogma y la ignorancia. Pero ayer vi jóvenes regalando flores en respuesta a tanta violencia, y esto siempre será un signo de esperanza. ¡Gracias, Cicig! ¡Guatemala Florecerá!