A la exfiscal Virginia Laparra se le negó de nuevo el arresto domiciliario. Esta vez en un juzgado de Quetzaltenango, departamento en donde fungió como jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Este es el segundo proceso que enfrenta la abogada. En el primero, a pesar de la debilidad de la acusación, fue declarada culpable. En esa ocasión se le dictó una pena de prisión conmutable; es decir, con el pago de la caución impuesta habría podido recuperar su libertad.

Sin embargo, apenas unos días antes de que fuera dictada esa sentencia, el Ministerio Público (MP) le notificó de otro proceso en su contra, con lo cual no pudo hacerse efectiva su liberación. Su defensa solicitó que mientras enfrenta este segundo proceso, Laparra pueda permanecer en arresto domiciliario pero, como sucedió en el caso anterior, el MP y los querellantes adhesivos se opusieron y la jueza que conoce el caso aceptó sus alegatos.

La argumentación, por más inverosímil que parezca, es que en medios de comunicación, columnas de opinión y redes sociales se respalda a Virginia Laparra, se critica al sistema de justicia y se expresa desacuerdo con las resoluciones judiciales.

El exjuez Lesther Castellanos, quien denunció a la exfiscal, adujo durante la audiencia: “Si bien es cierto ella no es la que tuitea, pero las personas la perjudican porque mienten y eso es influir y obstaculizar”.
Y la jueza Carmen Acú resolvió: “… si bien es cierto, las decisiones de un órgano jurisdiccional no son acordes a los intereses de determinada parte, también lo es que se litiga mediante los recursos legales, no mediante publicaciones, indicaciones, insinuaciones en contra del aparato judicial. Es por ello de que evidentemente existe aún esos presupuestos procesales de peligro de fuga, así como de obstaculización a la averiguación de la verdad”. (Prensa Comunitaria, 11/4/23)

En síntesis, Virginia Laparra no saldrá de la cárcel porque en algunos medios y en las redes se le respalda. Resulta inaudito que consideren que interfieren en el proceso judicial los tuits que la apoyan y no los mensajes que la atacan y que, en muchos casos, anticipan resoluciones judiciales.

Pero este no es el único caso en el que desde la Fiscalía se arremete contra el trabajo de las y los periodistas y los medios. Recordemos que en una de las audiencias del segundo caso en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, la fiscal Cinthia Monterroso pidió que se investigara a ocho periodistas y columnistas del medio para determinar si con sus publicaciones están cometiendo el delito de “obstrucción a la justicia”. Y, por supuesto, el juez Jimi Bremer resolvió favorablemente y ordenó la investigación.

Como parte de su argumentación, Monterroso señaló: “…amparados en el artículo 35 de la Constitución en ninguna parte les exime —a los periodistas— que puedan obstaculizar un proceso penal (…) muy distinto es criticar a un funcionario público en el ejercicio de su cargo que a un funcionario de la administración de justicia, un testigo”. (Prensa Libre 28/2/23)

Lo que en realidad está ocurriendo es un peligroso ataque en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país y, peor aún, en contra del derecho a la información de la población que conoce, a partir de la cobertura periodística, lo que ocurre en el sistema de justicia.

Condicionar lo que se publica o se deja de publicar sobre el accionar de jueces, juezas y fiscales, a partir de la posibilidad de que se nos persiga penalmente porque “obstruimos” la justicia sienta un nefasto precedente digno de regímenes represores y autoritarios. Además de contravenir la Constitución, la Convención Universal de Derechos Humanos y el carácter público de los procesos penales, reforma que se estableció hace tres décadas en el país.