Cuán lejanos quedaron los tiempos en los que Guatemala fue noticia por las investigaciones y procesos judiciales en contra de estructuras de gran corrupción. Muy al contrario de ahora, cuando acaparamos titulares por la persecución sostenida del MP que tiene como blanco a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas independientes. Todos relacionados, de una u otra forma, con el combate de las mafias.

Por eso, no es casualidad la inquina con la que la Fiscalía de Consuelo Porras —amiga y socia del Pacto— lleva adelante las diz que investigaciones contra todos aquellos considerados “enemigos” de esta alianza perversa. Bastó ver la reacción hepática de Rafael Curruchiche al finalizar la audiencia en la que el tribunal absolvió a la exfiscal Samari Gómez del delito de revelación de información privilegiada, anuló dos de los delitos contra Jose Rubén Zamora (JRZ) y lo condenó —con base en inferencias— a seis años inconmutables y no a los 40 pedidos por la fiscal Monterroso.

Las verdaderas intenciones detrás de este juicio “político y vengativo, no jurídico”, como bien apuntó Mario Antonio Sandoval en una columna, quedaron evidenciadas cuando el actual jefe de la Feci se despachó con la cuchara grande frente a las y los periodistas que estábamos en la sala. En un arrebato de “sinceridad” e ira, habló de la condena como “resarcimiento” para todas las personas (incluidos fiscales y jueces) a las que según él “se les destruyó su nombre, su honor y su prestigio”. Es decir, a Zamora se le encarceló por sus publicaciones y se le persigue penalmente por delitos inexistentes porque “insultó el honor” de operadores de justicia, incluyendo al propio Curruchiche.

La guinda en el pastel —que no deja lugar a dudas— fue la exigencia que airadamente lanzó: “Esperaría que el gobierno de Estados Unidos lo incluya en la Lista Engel, a ver si lo van a hacer o no”. Al parecer eso es lo que le duele al fiscal y lo que le mueve a actuar (a él y a Consuelo Porras) contra Zamora, aunque sus socios y querellantes adhesivos en el proceso digan que estar “enlistados” es una medalla.

Este arrebato explica y refuerza las verdaderas razones detrás de las violaciones al debido proceso que se cometieron desde que inició el caso y que, a manera de síntesis, listo a continuación: 1) El juez Fredy Orellana, quien giró la orden de captura y ligó a proceso al periodista, rechazó la mayoría de pruebas y lo envió a juicio prácticamente sin armas para defenderse. 2) El juzgador entró a valorar la prueba (cosa que no le correspondía) y dejó fuera al principal testigo de descargo. Es más, lo mandó a investigar y lo procesó. 3) Durante el juicio abreviado que enfrentó el testigo, este declaró que los fondos por los que se acusó a Zamora son de origen lícito, ya que salieron de su propia cuenta bancaria y existen cheques y registros de las transacciones. Pero estas declaraciones (seis, en total) no fueron admitidas como prueba para que las valorara el tribunal que juzgó al periodista.

4) Desde el día uno se entabló una persecución sistemática en contra de nueve de los abogados defensores de JRZ: tres de ellos estuvieron presos y no les quedó más remedio que aceptar cargos para salir de prisión. 5) La exfiscal Samari Gómez fue injustamente acusada para poder endilgar a Zamora los delitos de chantaje y tráfico de influencias y abrir la puerta a que la FCT pudiera querellarse en el proceso. 6) Durante el juicio, el MP no pudo probar el origen ilícito del dinero; aun así el tribunal condenó a Zamora por lavado, ya que no logró “comprobar su licitud”.

Ni modo, si procesaron al testigo que le entregó el dinero y no dejaron que fuera a declarar al juicio que enfrentó el periodista, ¿qué otra cosa esperaban?. Reitero: la justicia NO es venganza.