El martes de la semana pasada, Prensa Libre tituló: Se mantendrá peaje, Caminos lo administrará. En letras pequeñas decía: Acuerdo gubernativo permite que entidad asuma gestión de autopista al terminar contrato.

En junio de 1997, el gobierno de Guatemala concesionó la autopista Palín-Escuintla a la empresa Marnhos, una empresa que, entiendo, es de capital mexicano y que sabe de la administración de carreteras. La concesión fue por 25 años. Por esa autopista han de pasar, en promedio, 22 mil vehículos por día. La autopista ha tenido muy buen mantenimiento y muy buena señalización. Quizá lo único criticable ha sido lo lento que es el cobro del peaje cuando el tráfico excede el promedio. Durante los 25 años, quienes no han querido pagar el peaje han podido usar la carretera alterna que une a Palín y Escuintla, la de la famosa piedra del quetzal. Esa carretera alterna no ha tenido ni el mantenimiento ni la señalización que de la autopista. El modelo de concesión de carreteras a una empresa privada que sabe su trabajo ha funcionado bien para los que la usamos.

¿Por qué no volver a concesionarla? ¿Por qué Caminos, la entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, asume la administración con peaje? Si algo funciona y funciona bien, debe seguirse el modelo, porque eso le da beneficio al usuario y no le cuesta dinero al gobierno. El CIV, cuestionado en cuanto a transparencia, corrupción y eficiencia, es el beneficiado por el acuerdo gubernativo reciente. Eso no debe ser, esa decisión es ir para atrás.

El otro modelo de carreteras que ha funcionado es el de las carreteras privadas. La Vía Alterna del Sur (VAS) ha sido ejemplar. Se paga por transitar por una carretera con buen mantenimiento, buena señalización y con servicios de apoyo al usuario. La VAS ha venido a agilizar mucho. Quien no ha querido o no ha podido pagar el peaje de la VAS usa las alternativas donde no se paga, pero le lleva más tiempo trasladarse. Se escucha que pronto se construirá algo similar en la Costa Sur, donde se le dará solución a un problema serio de tráfico: el tramo de San Antonio a Cuyotenango, en el departamento de Suchitepéquez. Quien quiera y pueda pagar el peaje que lo llevará de un punto a otro en 20 minutos lo hará, y el que no quiera o no pueda, pues seguirá por la CA-2, a la cual el CIV no le ha dado solución al caos vehicular.

Las carreteras pavimentadas en Guatemala bajo la administración pública , durante muchos gobiernos han sido cuestionadas en su calidad, dadas las evidencias múltiples, cuestionada la transparencia de uso de fondos y, por ende, corrupción, y cuestionada la eficiencia de la gestión. Hay y ha habido exministros y exviceministros en la cárcel o en procesos legales. Eso no funciona. Aparte, se escucha por todos lados que hay varios diputados metidos en el negocio de construcción y mantenimiento de carreteras y que siempre hay presión de ellos por conseguir ese tipo de obra.

Guatemala no puede seguir con el actual modelo de gestión pública en infraestructura de carreteras, tanto pavimentadas como de terracería. El país está sumamente atrasado en el desarrollo de la red vial. El país debe dar pasos serios a las alternativas de más concesiones, de alianzas público-privadas y de más carreteras privadas.

La población, en cualquier nivel de la sociedad guatemalteca y cualquier ubicación del país, después de tener oportunidades de ingresos (empleo o emprendimiento) para cubrir su gasto familiar, su necesidad más importante siempre es la carretera. Eso hay que entenderlo y hay que atenderlo.

Guatemala necesita modificar por completo la administración de la infraestructura vial pública. Es costosa y no es eficiente. Hay cómo pasar de como estamos a como es en el primer mundo, donde las carreteras son bien construidas y son bien mantenidas.