Con paso firme avanza la consolidación de la dictadura de la corrupción y la impunidad en Guatemala. Ese objetivo que empezó a fraguarse a partir de la alianza de sectores de poder: empresarios y políticos corruptos, militares violadores de derechos humanos y miembros del crimen organizado, hermanados en un pacto para enterrar las investigaciones y procesos judiciales que les involucran, está asfixiando las libertades y derechos ciudadanos y enterrando lo poco que nos queda de democracia en el país.

Empezaron con el desmantelamiento de la estructura institucional que permitió hacer avanzar los casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Expulsar a la Cicig y retomar el control del MP fue prioritario en su estrategia de regresión. A partir de ahí descabezaron a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y menguaron a su equipo, sometiéndolo a constante hostigamiento y persecución. En lugar de utilizar los recursos y herramientas del MP contra los corruptos, emprendieron una cacería contra investigadores y fiscales anticorrupción. Esto para tener bajo su control los expedientes y frenar los casos e investigaciones en curso y, de paso, enterrar las pesquisas que apuntaban a Giammattei, su círculo cercano y los socios del pacto.

Después de que la Feci se convirtiera en la Fepi (Fiscalía Especial Pro Impunidad) hicieron lo propio con las fiscalías de Derechos Humanos, Corrupción y Delitos Electorales, con la Dirección de Análisis Criminal y la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, la que se encarga, por ejemplo, de las escuchas telefónicas. Personal con amplia experiencia y una trayectoria caracterizada por la transparencia y el apego a la ley fue arbitrariamente despedido. Hoy enfrentan exilio forzado y órdenes de captura sin sustento, y fiscales como Virginia Laparra y Samari Carolina Gómez Díaz, prisión ilegal y arbitraria. La ofensiva incluyó a las y los jueces que conocieron y dictaron resoluciones en casos emblemáticos que involucran a redes político-económicas ilícitas o a altos mandos militares y policiales que ordenaron y cometieron crímenes de lesa humanidad: masacres, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales. Sacarlos de la jugada era imprescindible para garantizar fallos a la medida, sobreseimiento de los casos, obtener órdenes de libertad y declarar nulos acuerdos de colaboración eficaz que permitieron conocer detalles de la estructura y modus operandi de las redes criminales.

Hoy no solo se caen esos acuerdos y con estos la posibilidad de hacer justicia, sino que los acusados, otrora dispuestos a declarar contra sus jefes para obtener beneficios procesales, se están dando la vuelta y presentan denuncias contra fiscales, jueces, periodistas e investigadores. El mundo de la justicia al revés. A punto estamos de presenciar el desafuero contra Miguel Ángel Gálvez, el emblemático juez reconocido por su independencia y valentía, quien enfrenta a toda la maquinaria corrupta del poder y a la propia corte suprema de justicia (así, con minúsculas) que en tiempo récord admitió para su trámite una querella infundada en su contra y guarda silencio cómplice sobre los atropellos, amenazas y acoso de los que es víctima el juzgador.

Pero como la degradación del sistema de justicia no les es suficiente para conseguir sus propósitos, redoblaron la apuesta y enfilaron su poder y su odio contra medios y periodistas independientes. La captura de Jose Rubén Zamora es un intento por acallar a la prensa que les incomoda, busca enviar un mensaje “ejemplificador” sobre lo que les puede ocurrir a quienes fiscalizan y denuncian las arbitrariedades y abusos y, peor aún, quiere sumir al pueblo en la oscuridad que supone el silencio y la desinformación.