¿Por qué será que Guatemala ocupa los últimos lugares del ranquin de competitividad global (132 de 139)? ¿Por qué hay que pagar hasta el 30 por ciento de mordida para que les paguen a los proveedores? ¿Por qué los contratos se otorgan a dedo y por deuda clientelar? ¿Por qué no hay una rendición de cuentas de cumplimiento efectuada por terceros?

El costo es altísimo. Si se invirtiera solo un 1% del PIB, decrecería la pobreza extrema en un 5%. Las carreteras o infraestructura vial en estricto sentido involucran a los pobres de manera, porque la pobreza explicada en dos platos es la falta de acceso a las necesidades básicas, comida, vivienda, salud, agua. Todo lo cual solo se puede dar mediante la generación de buenos empleos, por medio de la inversión productiva, y esta requiere de una infraestructura vial mínima. Sin ella se desincentiva la inversión.

La Ley de Infraestructura Vial ha estado en el Congreso desde hace cuatro años y no la quieren aprobar los centros de poder político porque es de donde se nutre el bolsón del botín politiquero clientelar; es decir, el botín dedicado al cobro de favores políticos mediante la dispersión opaca del presupuesto general de la nación. Es un problema sistémico, es decir, se deriva del sistema político que maneja, opera, invierte y distribuye los fondos del Estado en forma opaca, no transparente, y su único fin no son los proyectos en sí mismos, sino el retorno del pago de deudas políticas: Un intercambio de contratos por favores políticos.

De esa cuenta es que las carreteras no se terminan. El recapeo es realmente un “regüeveo”; las carreteras más importantes del país en franco deterioro. El colmo del problema sistémico de la infraestructura vial es que muchas carreteras no se pueden arreglar o ejecutar porque existen juicios pendientes. O sea, ni para atrás ni para adelante. Es una vergüenza que, debido a amparos frívolos, o aun cuando fuesen con fundamento, se tenga que paralizar la obra pública a costa del beneficio común.

Desde hace años pasamos el umbral técnico para la recuperación de ciertas carreteras. Existe una simple ecuación que determina que, a mayor deterioro de una carretera, mayor inversión para su recuperación. Pasado el costo de recuperación se equipara a la inversión de una nueva. Esa pérdida es de miles de millones de quetzales para el Estado de Guatemala. La única manera de impedirlo es evitando que llegue a tal umbral.

Pero en vez de aprobar la Ley de Infraestructura Vial, que se enfoca en resolver el problema sistémico de fondo, se aprobaron Q3 mil 192 millones para el presupuesto del CIV. El problema no es el aumento, sino que se ejecuten dentro de un marco técnico y de cumplimiento. Lamentable admitirlo, pero el rigor técnico para otorgar una obra vial se debe a que el alcalde o el diputado estén “alineados” o no les cae nada….

Al hacer un recuento de los más de Q10 mil millones que Provial ha gastado en los últimos gobiernos, no hay, en términos ni cuantitativos, ni en costo beneficio para el Estado, carreteras entregadas por mantenimiento efectivo del sistema vial; y pruebas fehacientes de rendición de cuentas, porque se ha violado lo preceptuado en la Constitución sobre la obligación de entregar las liquidaciones presupuestarias al Congreso de parte de las municipalidades, entidades autónomas y el Ejecutivo. Por ese hoyo se pierden cientos, si es que no miles de millones de quetzales.

Guatemala está tocando fondo en infraestructura vial. Las causas están a la vista; las soluciones también.

Pero nada pasará.