Bloqueos, un atentado contra la ciudadanía y la economía
Las decisiones recientes del presidente ponen en duda la coherencia estratégica de su gobierno.

Guatemala enfrenta días difíciles, debido a una crisis social y económica agravada por los bloqueos de los últimos días. Esta práctica ya recurrente, de algunos sectores que un día “ayudaron” a Arévalo, hoy se vuelcan en su contra, por sus arrebatadas decisiones. Fue tanta la presión social, que tuvo que retractarse. De cualquier forma, impedir la movilidad de ciudadanos que necesitan llegar a sus trabajos, estudios o atender emergencias médicas es un delito, y no puede volver a ocurrir. La situación dejó a muchas personas varadas en las calles, y amenaza con profundizar aún más el deterioro del país. Mientras tanto, y como siempre, el presidente Bernardo Arévalo demostró su incapacidad para manejar esta crisis.
La reciente crisis debería servir para reflexionar y revisar profundamente cómo se están tomando las decisiones en el país.
El detonante fue la imposición del seguro vehicular obligatorio, una medida que el gobierno presenta como un avance en seguridad vial, pero que ha sido recibida con indignación. Más allá del costo adicional para los conductores, el problema radica en la falta de consulta y el impacto económico sobre una población ya golpeada por la inflación y la precariedad laboral. Esta es solo una más de las decisiones apresuradas del gobierno, tomadas sin considerar el contexto real del país.
Los bloqueos golpean el comercio y el empleo, las pérdidas se estiman en Q330 millones diarios, lo que afecta seriamente al país. En lugar de haber asumido con prontitud una postura conciliadora y revisar la viabilidad de la medida, esta administración siempre opta por mantener posiciones inflexibles, aumentando la percepción pública de distanciamiento entre el gobierno y las necesidades reales de la población.
En medio de esta crisis, surge, además, una legítima preocupación ciudadana, sobre la posibilidad de que el gobierno esté utilizando este tema como una cortina de humo, para desviar la atención de otros asuntos sensibles, como la ampliación del Presupuesto al monto de Q117 millones, o el escandaloso aumento salarial de los diputados. Las decisiones recientes del presidente Arévalo han generado controversia, poniendo en duda la coherencia estratégica de su gobierno y planteando interrogantes sobre su verdadera capacidad para gobernar con acierto y prudencia.
En Guatemala no se puede estar bloqueando las calles para corregirle la plana a un presidente. Y aunque la obligatoriedad del seguro para todos los vehículos era una medida correcta, su ejecución resultó deficiente. Las pocas acciones que ha logrado ejecutar el presidente son erráticas. Es inaudito que para arreglar un pequeño tramo de la carretera Palín-Escuintla se haya tardado un año. Indiscutiblemente no es su prioridad. Tampoco lo es construir carreteras de calidad, puentes, puertos, el tren que ofreció en campaña, arreglar el aeropuerto, etcétera.
En última instancia, esta crisis debería servir para reflexionar y revisar profundamente cómo se están tomando las decisiones en el país y quiénes están participando realmente en ellas. El descontento popular debe interpretarse no solo como una queja puntual frente al seguro obligatorio, sino como una exigencia de respeto y consideración de las necesidades ciudadanas. No se puede olvidar, además, la acumulación de promesas incumplidas, escándalos de corrupción, falta de seguridad y justicia, infraestructura en ruinas y un sistema de salud y educación abandonado. Mientras los gobernantes protegen sus propios intereses, la población sigue esperando soluciones que nunca llegan.
El presidente Arévalo tiene frente a sí el desafío mayúsculo de demostrar liderazgo y humildad, escuchar las demandas ciudadanas, mostrando genuino compromiso con el bienestar social, porque en caso contrario podría tener los días contados dentro del gobierno.