Punto de encuentro
Bisnes es bisnes
Aunque predican sobre la transparencia y el libre mercado, no los practican.
Las iniciativas de ley sobre alimentación saludable y libre competencia han generado, como no podía ser de otra manera en un país dominado por los monopolios y oligopolios, una férrea oposición de sectores que sienten amenazados sus intereses y privilegios económicos.
En Guatemala nos enfrentamos a un afán de lucro desmedido de un pequeño pero poderoso grupo.
Ambas propuestas que buscan beneficiar a la población están bajo ataque -con campañas de desinformación incluidas- porque afectan las prácticas económicas de los grandes conglomerados empresariales que aunque predican sobre la transparencia y el libre mercado, no los practican.
Primero vinieron los misiles en contra de la iniciativa 5504, ley de promoción de la alimentación saludable, que fue presentada inicialmente en 2018 por diputados/as del Frente Parlamentario contra el Hambre pero que rápidamente fue engavetada debido a las presiones de grupos industriales y comerciales (agencia Ocote 6/3/24).
La propuesta que se retomó en estos primeros meses de la actual legislatura busca que los productos (alimentos y bebidas) que se consumen y que tienen un alto contenido en sodio (sal), grasas saturadas, grasas trans, calorías o azúcares —por citar algunos ejemplos— y que causan serios daños a la salud tengan un “Etiquetado Frontal con Advertencia Nutricional” (Efan) en el que se alerte de su composición.
Este “sello nutricional” que ya se utiliza en muchos países de América Latina —y que vemos en envases y latas de productos importados que se venden en Guatemala— permite que las personas tomen mejores decisiones a la hora de escoger sus alimentos y puedan prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer u obesidad infantil. Y es que existe suficiente evidencia científica de que la mala alimentación es uno de los factores que lleva a desarrollar estos males.
Precisamente aquí está el “quid” de la cuestión. Los gobiernos tienen la obligación de proteger la salud y asegurarse de que sus ciudadanos/as tengan información clara y verídica sobre los productos que consumen. La Coalición Guatemala Saludable, con base en los resultados que se han obtenido en otros países de la región en los que ya se usan “sellos de advertencia nutricional”, sostiene que los mismos han demostrado su eficacia porque son comprendidos por niños, niñas y adultos con diferentes niveles de educación.
Lamentablemente en Guatemala, nos enfrentamos a un afán de lucro desmedido de un pequeño pero poderoso grupo a quien poco le importa la salud de la población con tal de no perder un céntimo de sus ganancias. Para seguir en la lógica de la acumulación sin límites, utilizan argumentos insostenibles como que el “sello” dañaría la imagen de los productos innecesariamente, promovería el contrabando, aumentaría el costo de los alimentos, confundiría a los consumidores, dañaría la economía y el empleo, etc., etc.
Todos escenarios catastróficos que no han sucedido en ninguno de los países que han adoptado esta regulación —por el contrario, las personas siguen comprando pero escogen productos más saludables— y con los que buscan presionar al Congreso para que vuelvan a engavetar esta iniciativa.
Por si hace falta evidencia, ahí tienen ustedes las contundentes afirmaciones del director general de la cadena Farma Value, Guillermo Aguilar, quien en la mesa legislativa que analiza la ley de competencia denunció que las medicinas en Guatemala son más caras que en otros países por acuerdos entre las empresas; que enfrentan bloqueos para comprar medicamentos por no plegarse a los precios y que, incluso, el MP allanó 10 de sus sucursales bajo la falsa acusación de vender productos de contrabando. Así las prácticas monopólicas del cártel farmacéutico que, además de violentar los derechos a la vida y a la salud del pueblo, impide a cualquier costa la competencia mientras grita ¡viva el libre mercado!
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