Liberal sin neo
Bienvenidos a la realidad
Parecieran ser tiempos de grandes oportunidades para Guatemala.
Transcurridos cinco meses, ya se puede decir al gobierno: bienvenidos a la realidad de emergencias, focos de crisis, serie de imprevistos que obligan a reaccionar, por encima de los problemas de siempre.
En la categoría de justicia civil, Guatemala tiene el puesto 136 de 142.
El cierre de la autopista Palín–Escuintla se concatena con la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que anula los contratos con APM Terminals Quetzal. En el caso de la autopista, el 30 de abril del año pasado finalizó el contrato de operación y mantenimiento con la empresa Marhnos; el gobierno anterior decidió no renovarlo, dejar de cobrar peaje, que el tránsito fuera gratuito. El detalle técnico es que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se ha rehusado a “recibir” formalmente la entrega de la autopista. Tras el hundimiento en el km 44 y otros sucesos en la autopista, el gobierno pretende responsabilizar a la empresa por el suceso y su reparación. Es decir, el contrato finalizó hace más de un año, la empresa dejó de cobrar peaje y ahora el gobierno la hace responsable.
Como se recordará, el contrato de usufructo con Terminal de Contenedores Quetzal, que luego pasó a APM Terminals Quetzal, nació mal, con el pago de sobornos y movidas durante el gobierno Pérez Molina-Baldetti. El contrato fue anulado por un tribunal en 2017, pero el proceso tomó siete años dando vueltas en el sistema de justicia del país para que la sentencia quedara firme y pudiera ejecutarse. Guatemala ocupa el lugar 111 de 142 países en el índice de estado de Derecho del World Justice Program; específicamente en la categoría de justicia civil tiene el puesto 136 de 142. Se codea con los peores.
Un contrato es la promesa de cumplir un acuerdo. Los índices comparativos entre países no son métricas exactas, pero cuando en diferentes mediciones se obtienen resultados parecidos, brindan señales fuertes. En el índice “Haciendo negocios”, del Banco Mundial, Guatemala está en el puesto 96 de 190 en la categoría general “facilidad para hacer negocios”. Este puesto cercano a la media es ayudado por buen punteo en “obtener energía eléctrica” (46) y “obtener crédito” (15), pero es arrastrado en dirección negativa por otras categorías, especialmente “hacer cumplir contratos”, donde tiene el puesto 176 de 190. En el índice de libertad económica de Heritage, los peores punteos de Guatemala son en las categorías “rectitud del gobierno” y “efectividad judicial”.
La minería ilegal, la basura y contaminación clandestina en Guatemala prosperan; la legal, no tanto. La semana pasada, el MARN emitió una orden para suspender las operaciones del proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa. Fue suspendido el instrumento ambiental, entre otras razones, porque el estudio de impacto ambiental no aplica para la modificación solicitada y, especialmente, el número de expediente no es el que le corresponde; regrese a ventanilla No. 1. Sin conocer las interioridades del caso, se entiende el impacto que tiene para la percepción de certeza jurídica en el contexto de inversión extranjera.
Parecieran ser tiempos de grandes oportunidades para Guatemala, por su ideal posición geográfica, costas en dos mares, clima, estabilidad macroeconómica, población joven, reciente transmisión democrática del poder; todo ello en el contexto geopolítico y empresarial que busca asegurar y acercar cadenas de suministro. Buena calidad de infraestructura vial y eficaz y certera justicia civil harían una enorme contribución para que el país aprovechara sus oportunidades. Por algún motivo, estas categorías de acción no han sido, ni son actualmente, prioridad.
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