A Bernardo Caal Xol lo condenaron a 7 años y 4 meses de cárcel por dos delitos que no cometió. El Ministerio Público (MP) lo acusa de robo agravado y detenciones ilegales con circunstancias agravantes, aunque Bernardo no se encontrara ni en el lugar, ni en el momento en que ocurrieron los hechos.

Sin pruebas que acrediten que cometió estos delitos, salvo el testimonio de una persona que, como él, tampoco estaba presente, un tribunal de Cobán, Alta Verapaz, lo condenó a 6 años de cárcel por robo agravado y a 1 año y 4 meses de prisión por detenciones ilegales. Desde el inicio, el proceso judicial en su contra ha estado plagado de inconsistencias y ha habido todo tipo de violaciones al debido proceso y a sus derechos de defensa y presunción de inocencia.

La acusación de la fiscalía sostiene que los supuestos hechos -el robo y las detenciones- sucedieron a las 8:30 de la mañana del 15 de octubre de 2015, en el lugar conocido como “El Puentón” en las cercanías de la finca Oxec en Cahabón, Alta Verapaz. Allí se realizaba una asamblea comunitaria en rechazo a la instalación de un proyecto hidroeléctrico de gran envergadura, propiedad del presidente del equipo de fútbol del Real Madrid, Florentino Pérez.

Bernardo Caal no se encontraba en la asamblea, llegó al lugar pasadas las 10:30 horas y aunque esto era motivo suficiente para que cualquier juez independiente desestimara la acusación, un tribunal -sin evidencia contundente- resolvió que era responsable de “ordenar” que se retuviera y se robara el equipo de un grupo de trabajadores de la empresa Netsone, S. A. – subcontratada por el proyecto hidroeléctrico- que “casualmente” pasaba por la zona de la protesta.

Ninguna de las acusaciones del MP fueron probadas. Sin embargo, hace tres años y tres meses -más de mil cien días- que este maestro y líder comunitario, de 48 años, está injustamente privado de su libertad en el Centro de Prisión Preventiva para Hombres de Cobán.

A pesar de que su defensa interpuso en tiempo y forma, el 30 de noviembre de 2018, una apelación especial contra la resolución del tribunal que lo condenó, ¡24 meses después!, durante los cuales 69 magistrados de Sala se excusaron de conocer el caso en segunda instancia, la apelación especial fue rechazada. Sí. Dos años en los que el caso estuvo en el limbo jurídico y un inocente continuó en prisión.

¿Pero cuáles son los motivos reales por los que Bernardo Caal Xol fue condenado a 7 años de cárcel? La respuesta la encontramos en las acciones que, junto a otros líderes y autoridades ancestrales, emprendió en defensa del río Cahabón. Haber encabezado el movimiento de resistencia de las comunidades q’eqchi’ que rechazan el megaproyecto y buscan proteger su territorio y sus recursos le ha costado su libertad. A Bernardo, como a tantos otros defensores y defensoras de la tierra, se les criminaliza haciendo uso del derecho penal como herramienta de disciplinamiento y control social.

La construcción de este complejo hidroeléctrico se dio sin que se realizara una consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala. Tampoco se cumplió con la realización de un estudio independiente de impacto ambiental y solo al inicio del proyecto se talaron ilegalmente más de 15 hectáreas de bosque comunal. Sin embargo, todas estas infracciones se pasaron por alto, porque en este país de la justicia selectiva, a los pueblos indígenas se les aplica el derecho penal del enemigo. El próximo lunes 5 de abril habrá una vista pública ante la Cámara Penal de la CSJ por el caso de Bernardo Caal Xol. Ahí sabremos si termina su criminalización o confirmaremos que, como casi siempre, la justicia de Guatemala al igual que la serpiente, solo pica a los descalzos.