a contraluz
Baluarte del sistema
Porras es un bastión del sistema que ha propiciado el desarrollo de una clase política rentista.
¿Por qué la posible destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, estaría en la cola de un venado? Porque la actual jefa del Ministerio Público es una mujer del sistema, que no está interesada en modificar las estructuras que han permitido el desarrollo y reproducción de una clase política rentista que saquea los recursos del Estado. Con ella también se sienten a gusto los oligarcas, porque ella no quiere desmontar el sistema donde pueden actuar sin restricciones ni consecuencias legales, lo cual les permite obtener ganancias a expensas de la ética y la legalidad. Después de la experiencia que vivió el país con una Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y una fiscal como Thelma Aldana, quienes iban tras políticos y empresarios corruptos, es lógico entender que el sistema abortó ese experimento que los tenía con la camisa levantada y estrechó filas en torno a alguien que representa sus intereses.
A la mayoría de diputados no les convendría la salida de Porras porque ella les garantiza el sistema de corrupción e impunidad.
En el 2022, Porras fue rescatada de naufragar como candidata a la reelección como fiscal general. Esa vez, el sistema se manifestó a través de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que respondían y aún responden a Giammattei. Primero, eliminaron a candidatos molestos como el juez Miguel Ángel Gálvez, con el argumento de que no contaba con diez años de ejercicio como abogado o un período como magistrado de Apelaciones, pese a que cuatro años antes sí había podido participar como aspirante a fiscal general. Luego, la CC ordenó a la comisión de postulación incluir en la nómina a los candidatos por meritocracia, una argucia para colocar a Porras, que había obtenido 90 puntos por sus títulos, algunos de ellos muy cuestionados, como el plagio de su doctorado. La semana pasada, la CC volvió a salir en defensa de Porras con un amparo para que no pueda ser removida de su cargo. ¿A quiénes responden los magistrados de la CC? Obviamente, a la preservación del sacrosanto statu quo.
El pasado miércoles, Consuelo Porras departía alegremente con la dirigencia del Cacif en el IX Congreso Laboral, como una invitada de honor. Eso ocurría un día después de que ella atacara en forma virulenta al presidente Bernardo Arévalo por su osadía de enviar al Congreso una iniciativa de reforma de ley que le permitiría destituirla. Más obvio no podía ser que la cúpula empresarial se sienta identificada con quien no los va a afectar ni con el pétalo de una rosa. Sí, es la misma patronal que no movió ni un dedo cuando Porras intentó en forma reiterada bajarse las elecciones del año pasado y evitar que Arévalo asumiera la Presidencia. Se entendía que el socialdemócrata era un elemento extraño en un sistema construido a la medida de los intereses de la oligarquía y, por lo mismo, mejor si no llegaba. Nada dijo el Cacif acerca de que Giammattei esperara hasta las 22 horas del pasado 14 de enero para enviar, en una bolsa de supermercado, las insignias presidenciales para la investidura de Arévalo. Hasta esa hora creían posible perpetrar el golpe de Estado.
El sistema también tiene cooptado el Organismo Legislativo. Esta semana, varios diputados alegaron que no iban a votar por una iniciativa de ley que buscaba destituir a Porras porque no la conocían. Es hasta risible ese argumento. El año pasado, de agosto a diciembre vieron a miles de guatemaltecos, principalmente de pueblos indígenas, exigir la renuncia de Porras porque ella encarna los intereses del crimen organizado. Ahora es más cómodo decir que ese es un lío personal entre la fiscal y el presidente y que ellos resuelvan su bronca. Muchos de esos diputados no están interesados en que Porras sea destituida. Ella representa al sistema de dejar hacer, dejar pasar y es mejor que todo quede así. Ni siquiera hace falta que los amenacen porque no les conviene que cambie el sistema clientelar, corrupto e impune. Todo sea por la causa.
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