La pandemia del coronavirus muestra un panorama crítico en el área rural. Miles de hogares se encuentran al borde de la hambruna y la asistencia gubernamental está lejos de resolver mínimamente esta situación. En “tiempos normales”, el hambre estacional, un período predecible que ocurre periódicamente en países como Guatemala, se extiende de marzo a agosto debido a la sequía del año anterior y cuando las reservas alimentarias familiares se agotan. Entre los factores que inciden en el hambre estacional, que lleva a la desnutrición crónica, están el déficit de lluvia, la canícula prolongada y la falta de empleo en el campo porque no es época de siembra o cosecha, lo cual significa la ausencia de recursos económicos. El gobierno de Jimmy Morales no cumplió sus ofrecimientos de apoyo y dejó en el desamparo a estas familias que comenzaron el 2020 en la más terrible miseria y conforme avanza el año el actual gobierno tampoco ha llegado a tenderles la mano, por la inercia burocrática.

La región más proclive al hambre estacional es el Corredor Seco, que abarca más de 82 municipios de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa. En la actualidad, la población que vive en esta área ni siquiera se puede desplazar a otros departamentos en busca de empleo, por las restricciones y la falta de transporte de pasajeros, por la pandemia. Los cálculos conservadores indican que hay por lo menos 120 mil familias en riesgo. El hambre estacional no solo es la ausencia de alimentos por un período prolongado, sino que está considerada una enfermedad crónica persistente que afecta a generaciones y generaciones de campesinos que no logran salir del círculo vicioso. Las principales víctimas son los niños. Según Unicef, en Guatemala el 49.8% de los menores de 5 años padece desnutrición crónica; es decir, 1 de cada 2 niños. Esta grave situación ubica a Guatemala en el primer lugar en América Latina y en el sexto a nivel mundial.

Desde principios de año, organismos internacionales advirtieron sobre el grave riesgo de crisis alimentaria. En ese momento se dijo que las familias campesinas estaban afectadas por la pérdida de cosechas del año anterior y que lo poco obtenido en los empleos temporales en las fincas de caña, palma africana o café lo utilizarían para comprar alimentos. A partir de marzo, esta población no solo comenzó a experimentar el hambre estacional, sino que también el impacto del confinamiento y las medidas de restricción, las cuales deberían estar acompañadas de asistencia alimentaria. Debido a la escasez de granos en el mercado, estos aumentaron de precio, lo que condujo a comprar menos con sus precarios recursos económicos. El cierre de las comunidades para evitar el contagio de covid-19 también ha aislado a las familias afectadas que sufren en silencio la grave situación.

En la capital se observan cada vez más banderas blancas en las calles, por el galopante desempleo y la falta de alimentos. Lo que ocurre en las comunidades indígenas y campesinas no se ve, pese a que es más lacerante. Según el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, esta crisis se agrava porque la asistencia técnica y financiera del Estado ofrecida por el gobierno no está prevista para las zonas de producción de alimentos agropecuarios esenciales. Las familias afectadas solo han recibido la ayuda de redes comunitarias, las cuales, pese a su buena voluntad, apenas se dan abasto. Por eso es importante el llamado que hace el procurador para que el Congreso de la República declare como emergencia nacional la atención alimentaria y la eleve a categoría de amenaza de seguridad nacional. Por un principio de solidaridad humana, es prioritaria la atención a quienes han estado olvidados por el Estado y que se encuentran ahora en una situación de total indefensión.