El Archivo de la Policía Nacional es un acervo importante que ha permitido adentrarnos en la historia traumática del país y que ha aportado valiosa información en procesos judiciales, desarrollo de libros e incluso para la literatura. Por ejemplo, en 2011 se publicó el informe Gabinete de Identificación de la Policía Nacional 1975-1985, que permite reconstruir sus antecedentes históricos desde 1925, la cadena de mando, las comunicaciones interinstitucionales y rastros de violaciones a los derechos humanos. El archivo policial también jugó un papel fundamental en el caso por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y la violación y tortura de su hermana, Emma Guadalupe, ocurridos en los años ochenta. Por esos hechos fueron condenados cuatro militares a penas de entre 33 y 58 años de cárcel. Hoy esta fuente de información está en peligro porque el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, pareciera interesado en amordazar la historia.

En el 2005, en forma accidental, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) encontraron un montón de documentos en el antiguo hospital de la Policía, en la zona 6, sin saber que se trataba de un monumental archivo que, en conjunto, guardaba unos 80 millones de folios que se hallaban en mal estado de conservación. Fue así como comenzó a tomar forma la historia de la PN, desde su constitución en 1881 hasta 1997, cuando se transformó en la Policía Nacional Civil. Desde su descubrimiento hasta la fecha, el archivo ha estado bajo resguardo de la PDH, que ha contado con apoyo financiero de la comunidad internacional, mientras que el Estado ha contribuido con las instalaciones donde funciona. Hasta aquí todo ha ido bien. Sin embargo, el 30 de junio vencerá el usufructo del terreno y el edificio del hospital donde funciona el centro de documentación, y existe el peligro de que las autoridades restrinjan el acceso.

El pasado lunes, Degenhart afirmó que cambiará la forma en que se maneja el archivo porque contiene información “sensible” y de “seguridad nacional”. Tales declaraciones llevan implícita la posible limitación a este centro de documentación que hasta ahora ha funcionado en forma pública. Desde el 2005 han existido intentos de las autoridades de turno de evitar que salgan a luz hechos que fueron documentados en su momento por la Policía y que revelan la forma de operar de las estructuras del terrorismo de Estado. La alarma ha cundido dentro y fuera de Guatemala porque la información que guarda el archivo pase a control de las fuerzas oscuras, que se podrían escudar en que se trata de información de seguridad nacional para negar el acceso. Ya en poder de Gobernación, ¿quién podría garantizar que no se eliminará información “sensible” para funcionarios civiles y militares que hayan estado involucrados en hechos de violación a los derechos humanos durante el conflicto armado?

El Archivo de la PN le pertenece a la sociedad guatemalteca y el acceso a su información debe estar disponible al público. Ningún funcionario puede arrogarse el derecho de poner candado a que los guatemaltecos conozcamos la historia que documentó la antigua Policía. Para la conservación y libre acceso es fundamental que el control del archivo no cambie de manos porque se corre el riesgo de limitaciones e incluso mutilación de fichas policiales, huellas dactilares, reportes y demás documentos históricos. Por de pronto, el procurador Jordán Rodas presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia contra los ministros de Gobernación y Cultura, para evitar que se consume un atentado contra el archivo, pero hace falta más presión social para impedir que se mutile nuestra historia.