El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, fecha en que se conmemora la adopción de la Declaración Universal por parte la Asamblea General de la ONU. Lamentablemente, en Guatemala no tenemos razones para celebrar. Más bien esta jornada nos encuentra en deuda. No solamente porque derechos tan básicos como la salud, educación, seguridad social y un trabajo digno siguen siendo inalcanzables para la mayoría de la población, sino porque las personas que defienden los derechos humanos son perseguidas y criminalizadas.

Las lideresas y líderes de pueblos indígenas llevan décadas sufriendo persecución penal indebida. Esta ha sido una estrategia recurrente en la que participan personeros del Estado y actores privados, que ven en la organización comunitaria una amenaza y un obstáculo a sus privilegios e intereses.

Los ataques se dan especialmente en contra de quienes defienden y reclaman el derecho a la tierra, el cese de la contaminación de las fuentes de agua, el pago de salarios y prestaciones laborales que les adeudan finqueros y terratenientes, y el respeto de los resultados de las consultas de buena fe cuando empresas de megaproyectos o industrias extractivas se asientan en sus territorios.

Además de enfrentar demandas penales sin sustento por delitos graves que no cometieron, la represión y la violencia en los desalojos es una constante. Lo ocurrido la semana pasada en la comunidad q’eqchi’ Chapín Abajo, en El Estor, Izabal —donde murió un niño de 13 años y hubo decenas de heridos— es una muestra del racismo estructural y del alineamiento del gobierno con los grupos poderosos en la zona, que siguen imponiéndose a sangre y fuego.

Las y los operadores de justicia, sobre todo quienes lideraron la lucha contra la impunidad en casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, son uno de los grupos más atacados. Su trabajo, realizado con independencia, les ha valido cárcel y exilio forzado. A través de procesos disciplinarios amañados, querellas tramitadas con inusual celeridad por el MP y la CSJ, y violaciones a su derecho de defensa; jueces y juezas, fiscales e investigadores y abogados de la extinta Cicig se han visto sometidos a una espiral de venganza por haber llevado a los tribunales a personajes otrora “intocables” y demostrado cómo operan las redes de tráfico de influencias, sobornos y la maquinaria de la corrupción.

Con especial aversión se ha tratado a las mujeres que impulsaron estos procesos judiciales. La humillación, el destrato y la violencia en su contra es evidente, no solo en las redes sociales, sino en las propias salas de los tribunales donde se desarrollan las audiencias. Un caso grave es el de la exfiscal Virginia Laparra, quien ha sufrido todo tipo de atropellos a su integridad, y actualmente, a pesar de que hay una orden judicial para que reciba atención médica urgente, sigue sin ser obedecida por el Sistema Penitenciario.

Las amenazas contra las personas defensoras en el sistema de justicia alcanzan también a querellantes, organizaciones que acompañan a las víctimas y abogados que las representan. Todo esto no tiene otro fin que el de perpetuar la impunidad del pasado y del presente.

Ni qué hablar de la persecución a periodistas que defendemos la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada. Sacar a luz pública casos de corrupción, historias de violaciones a los DDHH y abordar temas que afectan a grupos de poder político, económico, militar y de crimen organizado eleva el nivel de ataques con la intención de silenciarnos. Así las cosas en estos tiempos de regresión autoritaria en los que se pretende aniquilar derechos y libertades ciudadanas.