El proceso para quitarle la inmunidad al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar avanza a paso acelerado. Lo mismo sucedió hace algunos meses con la entonces jueza Erika Aifán. La lentitud que caracteriza al Ministerio Público (MP) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver otros asuntos contrasta con la velocidad mostrada en el caso del titular del juzgado B de Mayor Riesgo.

El 11 de mayo, cinco días después de que Gálvez dictó la resolución en la que envió a juicio a nueve exmilitares y expolicías por el caso del Diario Militar, la Fundación Contra el Terrorismo presentó ante el MP una denuncia en su contra por el delito de prevaricato. Antes de que transcurriera un mes, el 15 de junio, la CSJ dio trámite a la solicitud y nombró a Sonia Santizo, vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones, como jueza pesquisidora.

Al tiempo que puso el acelerador para tramitar el desafuero, el pleno de la Suprema ignoró el memorial que Gálvez le presentó, en el que denuncia que está siendo víctima de ataques, hostigamiento y coacciones que atentan contra el ejercicio de su función jurisdiccional.

“Respetuosamente, solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia que se pronuncie respecto a la situación que actualmente enfrento respecto a las acciones intimidatorias, ataques y hostigamientos que interfieren en mi función judicial (…) y adopte las medidas adecuadas para hacer cesar dicha interferencia”, se lee en el escrito. Setenta días han transcurrido desde entonces y los magistrados guardan silencio.

La jueza Santizo se excusó de conocer el expediente aduciendo amistad con Gálvez Aguilar. Rauda y nada perezosa, la CSJ nombró al magistrado Eduardo Galván Casasola, vocal de la Sala Segunda de Apelaciones, como nuevo juez pesquisidor. Sí, el mismo que decidió retirar la inmunidad al juez Pablo Xitumul, quien, como Gálvez, ha conocido casos emblemáticos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos en los que están implicados altos mandos militares.

Galván Casasola, según informó ayer elPeriódico, es un militar que pertenece a la promoción 80 de la Escuela Politécnica y llegó a tener el grado de teniente coronel. “La promoción 80 está hermanada con su antecesora, la 79 (…) Entre los militares más destacados de la promoción 79 se encuentran Edgar Ricardo Bustamante Figueroa, Otto Guillermo Noack Sierra, Francisco Bermúdez Amado y Jacobo Esdras Salán Sánchez, este último ligado al caso del Diario Militar y condenado por el delito de peculado en grado de complicidad por su participación en el traslado de US$3.8 millones al CHN de los US$15.4 millones sustraídos ilegalmente del Ministerio de la Defensa en 2001”.

“Además, durante el proceso de postuladoras para elegir magistrados de la CSJ y salas de apelaciones, Galván Casasola presentó su expediente y dentro de su hoja de vida consignó haber sido jefe jurídico del Ejército”, reporta el diario.
Lo que es insólito, aunque claramente no sorprende, es que el pleno de la Suprema haya nombrado a un magistrado cuyos antecedentes lo colocan en un claro conflicto de interés, dado que la denuncia en contra de Gálvez se dio por una resolución dictada en el caso del Diario Militar y la interpuso una organización con vínculos directos con exmilitares señalados en casos de justicia transicional.

Lo que cabe es que Galván Casasola se inhiba y los magistrados nombren a un pesquisidor objetivo e independiente, pero a estas alturas, y visto lo visto, una ya no sabe si esto es pedirle peras al olmo. Lo menos que se merece Miguel Ángel Gálvez, un juez honorable, con 23 años de servicio en el Organismo Judicial, es que se respete su derecho de defensa, se le garantice que su caso sea examinado con imparcialidad y, como debió suceder desde el inicio, se rechace una denuncia espuria y sin sustento.