“Una niña de 12 años con discapacidad fue víctima de violaciones en Jalapa. Hoy la PNC capturó a cuatro hombres en el caso. No son solo vecinos de la niña, sino sus hermanos y primos. Aprovecharon cuando estaba sola en la casa. Guatemala no es país para ser niña. Según información del @Mpguatemala, como resultado de la violencia sexual que sufría (…) quedó embarazada. Los capturados son: Alexander Nájera y Nájera, 22; Henry Rodolfo Nájera Méndez, 35; Elmer Antonio Nájera y Nájera, 28; Santos Ciriaco Nájera Jiménez, 34”.

La noticia fue publicada por la periodista Pia Flores, hace más de una semana. En sociedades que le apuestan a la vida, esto sería un escándalo. En la Guatemala medieval, es un problema cotidiano. ¿Qué significa que una niña en esas condiciones sea violada por hombres de su entorno cercano y que, además, quede embarazada? Significa que ser menor de edad, mujer, discapacitada, estar en situación de subordinación y vivir en la pobreza, la hacen extremadamente vulnerable en una sociedad que normaliza la violencia sexual en los cuerpos de niñas y adolescentes como ella. Solo faltaría que fuera indígena para estar en el extremo de la vulnerabilidad.

Como sucedió con Rosa Saquic Lares, de 10 años, en Quiché. En junio del 2019, ella y su hermana Sandra (12) fueron a la feria del pueblo. A eso de las 10:30 pm, Sandra y Rosa le pidieron dinero a su mamá para ir a la tienda. Cuando llegaron había cinco hombres: el hermano mayor de las niñas, Sebastián Lares (22), Rogelio Xiquim, primo y vecino (27), Julián Lares (23), Pedro Velásquez (19) y Mynor Velásquez, quien se retiró. Julián le dijo a Rosa que llamara a su hermana María, de 18 años, para bailar. Rosa se negó. Él insistió y dijo que, si no, bailarían con ella o Sandra. Rosa volvió a negarse. Pedro comenzó a molestarla y Sebastián, su hermano, jamás la protegió. Las dos salieron de allí con miedo, pero Julián y Pedro las siguieron, y a ellos se unió Rogelio. Pedro tomó el rebozo de Rosa y salió corriendo detrás de la iglesia. Rosa lo siguió para recuperarlo, y la siguieron Julián y Rogelio. Sandra le gritó que dejara el rebozo. Fue la última vez que la vio. Fue a buscarla mucho después, pero solo encontró a Rogelio y a Pedro. Este la apretó por atrás y ella sintió miedo, pero cuando la bebé que llevaba en la espalda lloró, ambos huyeron. Rosa no apareció viva, Su cuerpo, ultrajado y mutilado, fue localizado cuatro días después en un costal, en un barranco de la aldea. 16 meses después, Julián Lares y Pedro Velásquez fueron sentenciados a la pena máxima de 50 años femicidio y a 13 años y cuatro meses más por violación agravada, para un total de 63 años con cuatro meses de prisión para cada uno. La fiscalía dijo que se les juzgó por femicidio al establecer “desigualdad de poderes entre los hombres y la víctima”.

Más allá de que estos casos quiebran la inercia de la histórica impunidad que hay en Guatemala, hablo de la extrema vulnerabilidad en que viven aquí millones de niñas y adolescentes. Rosa no tenía acceso a educación, y Tomasa, su mamá, tampoco la tuvo. Trabaja lavando ropa y se ayuda con la siembra de milpa y un par de pollos. Diego, el padre de los 12 hijos, se fue con otra mujer y vive cerca, pero jamás se hizo cargo de ningún hijo ni preguntó ahora por Rosa. Pero lo sucedido a estas niñas no pasa solo en la ruralidad o entre indígenas, como muchos creen; con sus variables, sucede también en entornos ladinos y urbanos.

Siempre me he preguntado si el genocidio es el antecedente de estos horrores, si la violencia histórica en los cuerpos de las mujeres es causa de la violencia social en Guatemala y si algún día dejará de ser esta una sociedad machista e hipócrita. Indignan las cifras de cuerpos atemorizados, ultrajados, desaparecidos, mutilados y torturados. Apostarle a la vida no es solo gritarle “no al aborto”, sino generar entornos protectores, seguros y de bienestar para las niñas de Guatemala.