Hay varias maneras de decir lo mismo. Por ejemplo, una noticia como la siguiente, que yo traduciría así: “intentarán hacer entrar en razón a un grupo de serpientes”; también puede explicarse en jerga burocrática como la que sigue.

Está previsto que mañana sea firmado el llamado “Acuerdo para un proceso electoral transparente, ético y en paz” promovido por el Tribunal Supremo Electoral. Consiste en la firma de candidatos que se comprometerán a celebrar en paz el proceso electoral y lo harán bajo la observación de testigos de honor.

El acuerdo apela al respeto entre candidatos. Prometerán no utilizar las redes sociales para promover sus noticias electorales, evitarán campañas de desprestigio y los discursos de odio, entre otros aspectos.

Los testigos de honor y los observadores estarán atentos al comportamiento de los firmantes. La vigilancia del cumplimiento tendrá el propósito de denunciar a quienes falten a su palabra. Tras la eventual denuncia, se iniciaría una investigación para la averiguación de la verdad; en consecuencia, si amerita, es decir, si se logra verificar que un candidato o alguien de su partido violó el acuerdo, se podría generar una sanción moral. Terrible.

Y eso no es todo. En el peor de los casos, es de suponer que ante un hecho grave, uno gravísimo, siempre se tiene la posibilidad de notificarlo a lo alto del TSE ―que ya autorizó la participación de toda clase de víboras―; o lo que es peor, ese llamado de atención podría cruzar la línea roja y llegar al despacho la Fiscal General Consuelo Porras, cuya vigilancia es audaz, severa, durísima. Entonces, los candidatos sí que se verían en serios problemas.

Es decir, si alguien de ellos hace propaganda por redes sociales ―como ya ocurre― o que algún candidato desacredite a otro ―como también ocurre―, o que hubiere cualquier otra anomalía ―ya están inscritos candidatos con señalamientos de corrupción, de financiamiento electoral ilícito en la campaña anterior―, al ser debidamente comprobado que tal clase de mordida está señalada en el índex como juego sucio, se podría denunciar y sancionar moralmente.

La firma del acuerdo no será celebrada en algún hotel o en alguna sala del centro cultural Miguel Ángel Asturias, como suele suceder; esta vez, lo harán en la vía pública, a la vista de peatones, frente a las instalaciones del TSE.

El acto parece de buena fe, ingenuo. En el fondo, es atol con el dedo, es la evidencia del deterioro de los procesos de votación. Se insiste en dar tinte de fiesta cívica y acto democrático a lo que es trámite electorero, un procedimiento bisagra que abre las puertas ―legal pero ilegítimamente―, a toda clase de corrupción para continuar hundiendo en la miseria a este país. El Tribunal Supremo Electoral, que nada tiene de Supremo, se anticipa a buscar el aplauso final que recibe cada cuatro años en conferencia de prensa, cuando concluye que la fiesta democrática fue celebrada con éxito y se baña de elogios dejando por un lado la debilidad que aporta al Estado.

El TSE, primero demuestra su incapacidad en la selección prelectoral, inscribe tránsfugas y corruptos para luego pedir que actúen con respeto. Es el responsable de que FCN-Nación y otros partidos no fueran cancelados, pese a que fueron financiados ilícitamente.

Según su análisis, para estas elecciones hay 28 municipios en muy alto riesgo de conflictividad; 35 en alto riesgo; 53 municipios con mediano riesgo; 131 municipios bajo riesgo latente; y 91 sin riesgo relevante. Cada municipio es botín del crimen organizado. Resulta una locura hablar de sanciones morales.