IDEAS

Apartamentos terminados, pero no habitados

Aunque muchos lo trivializan, el derecho de propiedad es vital para nuestra existencia en una sociedad. Sin ella quizá podríamos sobrevivir, pero definitivamente no podríamos prosperar y estaríamos condenados a vivir en la eterna pobreza. Y en una sociedad moderna, buena parte de ese derecho de propiedad se hace valer a través de “registros de la propiedad”, por lo menos para los activos más grandes, como son los bienes inmuebles. De allí que sea tan importante una discusión que se está dando actualmente con relación a los problemas y retrasos que se han tenido en el Registro General de la Propiedad -RGP-, pero que ha pasado desapercibida.

' En una sociedad tan necesitada de inversiones de capital como la guatemalteca, esos retrasos pueden tener consecuencias hasta fatales.

Jorge Jacobs

En este caso particular, si bien puede no peligrar la propiedad formal -esperamos-, su lento registro conlleva otros problemas, siendo el principal que mucho dinero que podría utilizarse para inversiones que generen empleo y actividad económica, se queda “parqueado” de manera improductiva por mucho más tiempo del adecuado, simplemente por temas de “procesos”.

En una sociedad tan necesitada de inversiones de capital como la guatemalteca -como lo demuestra la imparable emigración de compatriotas- esos retrasos pueden tener consecuencias hasta fatales.

El problema principal de estos retrasos en el RGP es que detienen el proceso en el momento financiero más crítico para los desarrolladores de proyectos. Las solicitudes se ingresan hasta que los proyectos están terminados. Ello implica que es cuando los desarrolladores ya hicieron toda la inversión -ya se construyó el edificio, por ejemplo- pero solo han obtenido de los compradores el enganche de los apartamentos. Mientras no se termine el registro de la propiedad, los bancos no hacen el desembolso de los créditos otorgados a los clientes, ya que no pueden escriturar la hipoteca.

Ello incrementa los costos financieros de los desarrolladores, ya que no reciben el pago de los apartamentos hasta que se finalice el proceso de registro y, por lo mismo, no pueden ellos pagar los préstamos que utilizaron para financiar la construcción del edificio.

Se debe buscar resolver el problema, en el corto plazo, pero también para el largo plazo. En el corto plazo, quizá la solución más rápida sea que el RGP contrate a más personas para procesar la información. Es ilógico que si, como ellos mismos reconocen, el trabajo se ha incrementado en los últimos años -aun desde antes de la pandemia- tengan menos personal que antes. Si a ello se añaden los inconvenientes y retrasos por causa de la pandemia, era completamente de esperar que los procesos se atrasaran.

Luego, se deben buscar soluciones de largo plazo para que este problema no sea recurrente. Uno de los puntos que los desarrolladores han solicitado por años, es que los procesos de desmembramiento y registro de apartamentos se individualice. Esto es porque en el proceso actual si, a la hora de revisar un edificio, un solo apartamento o incluso alguna bodega tiene problemas, se detiene el proceso de todos los apartamentos del edificio, hasta que se solvente ese punto. Lo ideal sería que el proceso de registro de los apartamentos que no tienen ningún problema continúe, y que sean solo los expedientes de los apartamentos que tengan problemas los que se detengan.

Otro cambio que se podría hacer es que el proceso se pueda iniciar con antelación, para que ya solo esté pendiente la última revisión de los apartamentos cuando éstos ya estén terminados, no que hasta en ese momento se inicie el proceso.

Pero el largo plazo no debe competir con el corto y hay que exigir al RGP que resuelva pronto los problemas actuales -a través de contratar más personal- para poder liberar esa presa de más de mil millones de quetzales varados, principalmente, en apartamentos terminados, pero no habitados.

ESCRITO POR:

Jorge Jacobs

Empresario. Conductor de programas de opinión en Libertópolis. Analista del servicio Analyze. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).

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