El acelerado retroceso que estamos viviendo en Guatemala va más allá de entorpecer y terminar con las investigaciones y procesos judiciales por delitos de gran corrupción. En realidad ese fue el primer objetivo de la alianza pro-impunidad que se gestó a la luz del trabajo de la Feci y la Cicig.

Poco a poco fueron sumándose al Pacto personas y sectores que no solamente querían torpedear el trabajo del MP y de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo en este ámbito, sino que buscaban ampliar el abanico de la impunidad a los casos por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra.

Sabotear la justicia transicional, que fue siempre el objetivo de quienes estuvieron involucrados en ordenar y ejecutar masacres, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia y esclavitud sexual —por citar solo algunos de los horrores cometidos en Guatemala durante más de tres décadas de conflicto— se convirtió en uno de los acuerdos del pacto de impunidad.

Nada extraño si se toma en cuenta que el terrorismo de Estado -que no es otra cosa que la utilización sistemática de la violencia del aparato estatal por la vía del terror institucionalizado con el fin de mantener el control, aniquilar al “enemigo interno” e instalar un proyecto económico y político para beneficio de un sector minoritario- fue la vía consensuada por los sectores de poder económico, militar y político para instalar y mantener las dictaduras.

En resumen y guardando las distancias, la alianza pro-impunidad de hoy revive —de alguna manera— el pacto de terror y represión que se forjó durante la guerra. Importante es anotar además un detalle nada menor: la adhesión de personas vinculadas a los grupos del crimen organizado que complejiza aún más el escenario regresivo.

Por todo esto vemos cómo no solamente la Feci o la Fiscalía contra la Corrupción están siendo debilitadas y cooptadas por las autoridades del MP. También la Fiscalía de Derechos Humanos está sufriendo fuertes embates. El despido de Hilda Pineda, quien trabajó ahí durante diez años, y la “reorganización” de su personal están afectando directamente las investigaciones y expedientes en los que trabajan. El más reciente: el proceso judicial del caso Diario Militar en el que están implicados exmilitares, expolicías e, incluso, el exjefe de seguridad de Cementos Progreso.

El hostigamiento y la criminalización alcanzan también a jueces y juezas que han conocido procesos de justicia transicional. El retiro de la inmunidad del juez Pablo Xitumul -que dictó condena contra los responsables de la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y de las masacres “Plan de Sánchez” y “Las Dos Erres”-; el acoso y las denuncias penales sin sustento contra la jueza Yassmín Barrios -quien dictó sentencias emblemáticas como la de Efraín Ríos Montt por el caso Genocidio, y por violencia y esclavitud sexual contra mujeres indígenas Maya Achí y Maya Q’eqchí-; así como el acelerado proceso de desafuero contra el juez Miguel Ángel Gálvez, cuya última resolución en el caso del Diario Militar le provocó una ola de ataques e intimidaciones, no son acciones asiladas. Forman parte de un plan para enterrar cualquier posibilidad de que se haga justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Para no dejar cabos sueltos, la aplanadora oficialista impulsa la iniciativa de ley 6099, perversamente llamada “Ley de Fortalecimiento para la Paz”, que no es otra cosa que la aprobación de una burda amnistía que beneficiaría incluso a personas ya condenadas por las atrocidades cometidas.

Así estamos: pacto de impunidad para crímenes del presente y del pasado, y a un paso de que se blinden por los delitos que están por venir.