La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) declara que se pretende sucumbir a Guatemala imponiendo un Estado autoritario para que no exista respeto hacia los derechos humanos, debiendo los críticos elegir entre silencio, prisión, muerte o exilio. Las campañas de desprestigio y acoso en redes sociales constituyen patrones de ataque repetidos y destacados este año, cuya anómala situación impactó el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), con registro de 29 casos recientes de agresión, difamación, acoso, desprestigio, persecución y capturas de reporteros por funcionarios y agentes de fuerzas de distintos niveles de seguridad pública. A partir del 2020 hubo 313 ataques contra comunicadores y medios de comunicación.

La Comisión de Libertad de Prensa de la APG, que preside el periodista Héctor Coloj, señala que Guatemala experimenta actual período de mayor represión estatal en contra de voces críticas, opositores, defensores de derechos humanos y cualquier actor incómodo al poder político y público, siendo la prensa independiente principal afectada, encaminando a mínimo respeto garantías individuales de derechos humanos y que, no prevaleciendo independencia de poderes, disidencia, crítica y oposición, sean castigadas con cárcel, exilio o muerte. Esto hechos constituyen violaciones a derechos humanos, civiles y políticos, garantizados en la Constitución Política de Guatemala, tratados y convenios regionales e internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala. Autoridades de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son responsables de violaciones contra libertades de expresión, información, investigación, amenazas, represión y censura a periodistas y medios de comunicación.

Indica que patrones observados a principios de este año fueron limitaciones para acceder a fuentes informativas y campañas de difamación, acoso y desprestigio en redes sociales, en los cuales estaban involucrados miembros del Estado, con sospecha de participación directa o indirecta de empleados y autoridades de la Presidencia y el Ministerio Público. El Organismo Judicial impone restricciones para cobertura informativa de audiencias judiciales, amenazas, procedimientos penales y acoso contra periodistas motivados por interés de violar el secreto de fuentes periodísticas, con participación de funcionarios y empleados de otros organismos estatales.

En un conversatorio organizado por la APG, con participación del embajador de los Estados Unidos, William Popp, y los periodistas Juan Luis Font y Deborah Booello, se enfocó amenazas, acoso y violencia contra periodistas, impactando negativamente en libertad de prensa.

Mario Recinos, presidente de la APG, señaló que hay campañas orquestadas para desprestigiar a periodistas y personas vinculadas con organizaciones que critican o investigan la corrupción, mientras que Factor Méndez, de la Comisión de Libertad de Prensa apegista, dijo que existe interés por amordazar críticas hacia el actual régimen y venganza a opositores para no que no exista respeto a derechos humanos.

APG rechaza la aprobación de la iniciativa 5792, con la que el Congreso pretende modificar la Ley de Acceso a la Información Pública, dar información a reporteros dos veces por semana, acciones de miembros del Ejército y seguridad presidencial para limitar labor informativa, discurso confrontativo de la Presidencia y otros funcionarios que permiten que netcenters y personas actúen con impunidad para menoscabar imagen de sus víctimas, crear zozobra para generar censura y autocensura e imponer que periodistas críticos al poder son enemigos de la democracia, divulgadores de falsas noticias, opositores al régimen por cuestiones políticas e ideológicas, demostrar publicaciones y críticas infundadas y que la única versión cierta es la oficial.