Reflexiones sobre el deber ser

Alternancia en el poder

Los vencidos demandan que Arévalo sea defenestrado.

El martes pasado, el secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, reconoció que el opositor Edmundo González era el “presidente electo de Venezuela” y expresó su “total apoyo al pueblo venezolano”. González obtuvo, conforme a las actas del escrutinio, más del 67 % de los votos en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.


No obstante, la autoridad electoral, controlada por el régimen chavista (1999-2024), sin base alguna, declaró a Nicolás Maduro, actual gobernante desde 2013, como el ganador de los comicios, atribuyéndole antojadizamente el 51.2 % de los votos, lo que fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, también vinculado al chavismo. En suma, el oficialismo se resiste a reconocer la victoria de González y ha desatado una brutal represión en contra de opositores y disidentes, al punto que González tuvo que abandonar el país y la líder opositora, María Corina Machado, se encuentra en la clandestinidad.


En rigor, el 10 de enero de 2025, González debería de ser juramentado y tomar posesión como presidente de Venezuela, para un período de seis años, pero todo apunta a que la mafiocracia gobernante intentará obstaculizar el acceso al poder de González e imponer a Maduro, quien fue vencido en las urnas. En todo caso, González ha expresado que viajará a Venezuela para asumir como gobernante. Habrá que ver si impera lo legítimo o lo ilegítimo de nueva cuenta.

A diferencia de lo que ocurre en Venezuela y Guatemala, en los EE. UU. se ha iniciado un predeterminado proceso de transición postelectoral.


En Guatemala, el 14 de enero de 2024, la entonces camarilla gobernante intentó perpetuarse en el poder e impedir que Bernardo Arévalo, quien obtuvo más del 59 % de los votos en los comicios celebrados el 20 de agosto de 2024, asumiera como gobernante. No obstante, la presencia de la misión de observación electoral de la OEA y la movilización popular frustraron esta pretensión antidemocrática e inconstitucional. Sin embargo, los perdedores no se dieron por vencidos; por el contrario, alentados por controversiales fallos de la justicia oficial, están promoviendo la anulación de los comicios y la defenestración de Arévalo, alegando un supuesto fraude, a pesar de que la autoridad electoral, en firme, certificó la validez de las elecciones, oficializó los resultados comiciales y adjudicó los respectivos cargos de elección popular.


A diferencia de lo que ocurre en Venezuela y Guatemala, en los EE. UU. se ha iniciado un predeterminado proceso de transición postelectoral. A raíz de que el opositor Donald Trump ganó los comicios presidenciales celebrados el 5 de noviembre de 2024, la candidata oficialista, Kamala Harris (actual vicepresidenta), aceptó el resultado preliminar y concedió la victoria a Trump. Por lo tanto, lo que procede es que el 14 de diciembre de 2024 el Colegio Electoral, con el voto favorable de, por lo menos, 270 electores, designe, en definitiva, al presidente, que el 6 de enero de 2025, el Congreso, en una sesión conjunta de ambas cámaras, presidida por la vicepresidenta Harris, certifique los resultados electorales, así como que, el 20 de enero de 2025, Trump sea juramentado y posesionado como el 47.° presidente estadounidense, quedando con ello asegurada la democrática alternancia en el poder.


Por cierto, en Guatemala, bajo la vigencia de la actual Constitución (1985-2024), los candidatos presidenciales vencidos en la segunda vuelta electoral que han reconocido el triunfo del adversario son: Jorge Carpio (1985 y 1991), Alfonso Portillo (1995), Óscar Berger (1999), Álvaro Colom (2003), Otto Pérez (2007), Manuel Baldizón (2011) y Sandra Torres (2015). Empero, esta última, en 2019 y 2023, no concedió la victoria a sus adversarios.

ESCRITO POR:
Mario Fuentes Destarac
Abogado constitucionalista