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Alianzas público-privadas para aeropuerto La Aurora
La alianza público-privada para La Aurora necesita empresas foráneas. * Los abogados deben eliminar con su voto a los “abogangsters”.
Los aeropuertos constituyen una de las obras de ingeniería más complicadas por su complejidad y porque deben cumplir su tarea en forma perfecta para ser un elemento del desarrollo de los países y sobre todo la conectividad internacional en el comercio y el turismo. Construirlos y mantenerlos funcionando se ha convertido en una especialidad empresarial. La figura de una alianza público-privada es sin duda la mejor para estos tiempos, si se conoce con claridad el papel del Estado y el de las empresas. La Aurora tiene adicionales complicaciones, como las condiciones del terreno donde está la pista principal, imposible de alargar por llegar al final del norte del valle citadino y estar rodeado de la ciudad.
La alianza público-privada para La Aurora necesita empresas foráneas. * Los abogados deben eliminar con su voto a los “abogangsters”.
El edificio de la terminal tiene condiciones cuartomundistas. Su reparación inmediata no necesita de negociaciones ni sesudos estudios, pues el simple sentido común señala la tarea por realizar: arreglar servicios sanitarios, elevadores, señalización, instalaciones eléctricas, condiciones para las aerolíneas… Todo se arruinó desde el momento de haber convertido a la Dirección de Aeronáutica en un botín politiquero para gente corrupta e incapacitada, incapaz de entender la primordial importancia de La Aurora para la comunicación aérea de la cual dependen casi todo el turismo y buena parte del comercio nacional. Pero el funcionamiento total del aeropuerto es otro tema.
Cuando se habla de alianzas público-privadas, es indispensable conocer públicamente las obligaciones de cada sector, los requisitos para la escogencia de quién será ese sector privado. Debido a la ausencia de una empresa nacional conocedora de este complicadísimo tema, no hay opción a hacer el acuerdo con una empresa internacional experta y de buen nombre, a la cual se le debe garantizar el respeto de los términos, plazos y condiciones, fuera de veleidades politiqueras y de cambios de condiciones. Así lo han hecho numerosos países desarrollados e incluso también en el continente latinoamericano. Las condiciones de estos contratos deben ser conocidos y adaptados.
Los abogados están obligados
Hoy, 36.572 abogados tienen la posibilidad de actuar de manera responsable a fin de elegir a los comisionados para la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Diez planillas se han formado, y junto con una mayoría ciudadana interesada en hacer a un lado a los corruptos y además representantes de intereses oscuros, están plenamente conscientes de quiénes se trata. A quienes son desconocidos se les puede calificar fácilmente con solo recordar quiénes son sus oscuros padrinos del pasado, cuáles son sus compadrazgos y relaciones familiares, y con ello es posible eliminarlos de la intención de un voto-pasaporte para la continuidad de la burla y desprecio a las leyes. Esto urge.
La ausencia de las urnas será un voto en pro de la permanencia y aumento del asesinato del estado de Derecho. Es problema esa decena de planillas porque dividen el voto donde descanse algo de esperanza. En este momento, el desprestigio del gremio es apabullante y rescatarlo es un paso adelante fundamental. La presencia descarada de abogados conectados directamente con la destrucción de la confianza en el sistema legal y sobre todo de la aplicación de las leyes por los jueces de cualquier nivel, debe ser un aliciente para el voto en favor de quienes carecen de un pasado y presente oscuros. La justicia tardía no es justicia. Y tampoco lo es si descansa en la burda mezcla de politiqueros y de, como se dice popularmente, “abogangsters”.
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