Al grano
¿Algo va a cambiar?
Las reglas constitucionales para designar magistrados no propician la independencia judicial. Por eso, políticos y grupos de interés capturan el proceso.
Quizás todos hayan oído la expresión aquella de que hacer las cosas del mismo modo y esperar resultados diferentes es una necedad. Y, en cierta manera, eso, exactamente, está ocurriendo con el proceso de elección o designación de postuladores de magistrados de apelaciones, otros tribunales colegiados y de la Corte Suprema de Justicia. Véase, por ejemplo, el reportaje de este diario en Actualidad del pasado 8 de junio. Se reporta allí que todos los representantes electos por los magistrados de apelaciones y otros tribunales colegiados están asociados a alguno de tres operadores políticos.
Las reglas constitucionales para designar magistrados no propician la independencia judicial. Por eso, políticos y grupos de interés capturan el proceso.
No quiero dar a entender que sea imposible que las comisiones de postulación sean incapaces de postular a candidatos dignos de ser electos posteriormente para altos cargos judiciales por la mayoría del Congreso de la República, sino que los hechos, circunstancias, intereses y actores de procesos anteriores son los mismos y van a operar bajo las mismas reglas.
Es verdad que varias organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional van a ejercer cierta fiscalización, pero, realmente, eso no cambia las cosas. No las cambia porque, como se ha podido observar muchas veces, a nivel formal no se produce una “postulación”. Es decir, ninguno de los postuladores pide el uso de la palabra para proponer a uno o más candidatos y exponer cuáles son los méritos de honradez, capacidad e idoneidad para ejercer las funciones judiciales que lo mueven a postularlos. Más bien, por el contrario, son los interesados en acceder a un cargo judicial quienes manifiestan su interés y someten a consideración sus credenciales. ¿Es este tipo de información suficiente para “postular” a un candidato? Creo que la experiencia nos dice que, dejando a salvo casos excepcionales, no lo es.
Pero, como he expuesto en otras ocasiones, el problema con el sistema de justicia en Guatemala no se circunscribe a eso. El asunto está en que, de entrada, muchos potenciales candidatos, algunos probablemente muy calificados para cualquiera de los cargos por llenar, se excluyen a sí mismos. Sí, ni siquiera consideran la posibilidad de presentarse como precandidatos.
Esto se debe, me parece, a los factores siguientes: primero, que, generalmente, las personas que valen están en buenas posiciones profesionales, laborales o en cargos públicos de importancia. Es decir, tienen algo que perder. Evidentemente, tienen que sopesar a cambio de qué perderían la posición que ya tienen. De un lado está, es verdad, el honor de ser un alto funcionario judicial. Pero esa dignidad también conlleva enormes responsabilidades, riesgos y desafíos. Los órganos de justicia dictan fallos contra organizaciones criminales, funcionarios corruptos, empresas poderosas, políticos influyentes, etcétera. En segundo lugar, el plazo constitucional de las funciones judiciales, de tan solo cinco años, es problemático. En efecto, un jurista que pueda considerarse digno de acceder a una magistratura generalmente debería estar en un punto de su carrera en que ya tiene una trayectoria y prestigio reconocidos. Son muy pocas las situaciones profesionales o laborales en que alguien puede retirarse por cinco años y volver al punto en que dejó las cosas.
Por último, muchos de los grandes conflictos en la vida política del país terminan en el Poder Judicial. Sea que se trate de la procedencia de levantar un antejuicio, de someter a un candidato a proceso penal, de revocar un nombramiento o tantas otras cosas, los jueces y magistrados tienen la última palabra.
Enfrentar todas esas responsabilidades y retos por cinco años y después veremos es inconducente a las condiciones que generan el elemento clave para el ejercicio de las funciones judiciales: la independencia.
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