Tratar un tema como Agua Limpia en nuestro país es hablar de soluciones a enfermedades como la gastroenteritis, causante de uno de los problemas más importantes como la desnutrición infantil. Según expertos consultados cada año se producen cerca de 3,000 millones de casos a nivel global, la mayoría en países en desarrollo y entre los niños menores de cinco años. En el caso de Guatemala consumir agua limpia y tener acceso a un saneamiento adecuado ayuda a prevenir las enfermedades infecciosas, una de las principales causas de la desnutrición infantil. Por este motivo, Unicef menciona que “un grifo y un retrete juegan un papel fundamental en la lucha contra la desnutrición”.

El gran desafío para un país como Guatemala cuando se menciona el tema de Agua Limpia es la falta de programas que prioricen la inversión en servicios básicos que ayude a desarrollar las conexiones necesarias para tener servicios de agua más eficientes.

Contar con agua limpia en todo el país requiere una gestión integrada, lo cual según la Asociación Mundial para el Agua se define como “un proceso que promueve el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales”.

Según un estudio de la Asociación Mundial para el Agua, nuestro país utiliza entre un 10 y un 25% del total de agua disponible, sin embargo, la variabilidad que existe en la falta de inversión en sistemas de gestión de agua para contar con tuberías dentro de la vivienda hace que departamentos como Escuintla, Retalhuleu, Huehuetenango, Quiché, Petén, Chiquimula y Alta Verapaz, tengan una cobertura de agua en los hogares por debajo del cincuenta por ciento del total de viviendas.

Proveer agua en comunidades más alejadas de los servicios urbanos incrementa los costos por la falta de economías de escala que se pueden lograr en aquellas áreas más urbanizadas, por eso es tan importante el enfoque de aumentar la inversión en las nueve ciudades intermedias identificadas por la Agenda de Desarrollo Urbano de la Política Nacional de Competitividad. Esto permitiría acercar a las poblaciones más rurales a grandes nodos de desarrollo que ayuden a reducir el costo de conexión.

Estas inversiones, requieren de reglas claras por lo que hablar de una Ley de Aguas en nuestro país se vuelve algo crítico, aunado a tomar acciones que permitan las alianzas público-privadas en agua, algo que hoy la actual ley prohíbe estrictamente. Esto sería un gran beneficio para las comunidades más rurales, donde se podrían formar comités y empresas a nivel comunitario que se encarguen de generar sistemas alternativos a la provisión de agua.

Según presentaciones públicas del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, “es importante revisar la legislación relativa a los servicios de agua y saneamiento y modernizarla para facilitar el trabajo de las municipalidades, garantizando un servicio universal y sostenible, e ir creando la regulación necesaria en infraestructura, implementación de tarifas, mejorar la calidad de servicio, y reducir el impacto ambiental”.

Por ello este debe ser un tema que seguramente será abordado con seriedad durante el próximo Gobierno, con un enfoque claro hacia lograr sistemas integrales que permitan ir fortaleciendo la capacidad del país hacia mejores procesos de desarrollo hídrico.