Recientemente se publicitó el Acuerdo Agrario entre el Gobierno y organizaciones campesinas (CUC, CCDA, UVOC y Nuevo Día). El acuerdo abarca cinco temas que son: 1. Atención a la conflictividad agraria; 2. Acceso a la tierra; 3. Economía campesina en su poliactividad; 4. Articulación territorial y 5. Creación de un espacio político de comunicación permanente.

El primer tema es acertado y crea un mecanismo para atender las crisis territoriales que existen y que se presenten. El segundo impulsa el acceso a la tierra restructurando y fortaleciendo el Fondo de Tierras. Se busca ampliar el acceso a la tierra siempre dentro del marco legal vigente. El tercero busca impulsar la actividad agrícola familiar a través del Maga y la economía campesina en sus actividades no agropecuarias, a través del Mineco, priorizando programas y proyectos dirigidos a apoyar las actividades productivas realizadas por mujeres. El cuarto busca implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral del Gobierno en los territorios de altiplano, Verapaces y Corredor Seco. Finalmente, el quinto punto se refiere a la creación de un espacio político y técnico, el Consejo Campesino, integrado por representantes de las organizaciones laboral, campesinas e indígenas mencionadas arriba. El presidente delegará en la Secretaría Privada de la Presidencia la responsabilidad de darles seguimiento cercano a los avances que se vayan obteniendo.

Ya es tiempo de que se reconozca la contribución de la comunidad indígena a la economía nacional y que se le dé su espacio político correspondiente. Es un gran cambio respecto de la actitud gubernamental de los últimos 40 años, que buscaba ayudar a las comunidades del interior a través de programas de apoyo social de dudosa sostenibilidad. A pesar de que la inclusión de la población indígena es algo bueno, el Consejo Campesino está integrado exclusivamente por organizaciones indígenas, ya que la Secretaría Privada de la Presidencia solo es responsable de darle seguimiento. En otras palabras, la inclusión de la comunidad indígena significó la exclusión de otros sectores de las regiones mencionadas que también impulsan la economía regional.

Por ello no faltan aquellos que ven desde ya un giro del gobierno de Semilla hacia el socialismo/comunismo represivo del siglo pasado. No es así, ya que su retórica es de apoyo a un sector de la población mal representado. Por supuesto, siempre será necesario mantenerse alerta a las acciones del Gobierno y detectar de inmediato si se presentan las ocho señales de alerta: 1. Nacionalización de industrias y servicios; 2. Nacionalización de tierras y recursos naturales; 3. Redistribución de la riqueza; 4. Control estatal de medios de comunicación; 5. Cambios en la Constitución o en la estructura del Estado; 6. Discurso político y retórico; 7. Participación en movimientos socialistas o comunistas internacionales y 8. Política exterior más alineada con regímenes socialistas o comunistas

En la actualidad, los únicos regímenes comunistas en el mundo corresponden a Cuba, Laos, Corea del Norte, Vietnam y China. Es necesario recalcar que China tiene un gobierno comunista que permite la libre empresa apoyada por el Estado. Con ello logra crecer económicamente de una manera vertiginosa, multiplicando el bienestar de su población. Un acercamiento de Guatemala con China no debe interpretarse como un giro hacia el comunismo, sino como una búsqueda adicional de apoyo a nuestro propio desarrollo.

Actualmente tenemos políticos, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, gobernaciones, gobiernos municipales y población que trabajan cada uno por su lado. Necesitamos que todos nos integremos y colaboremos con el fin principal del bienestar y progreso del país. ¡El desarrollo de Guatemala es responsabilidad de todos!